La propagación en el país del COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis del sistema de salud, situación que se agudiza con decenas de muertes y miles de afectados que sufren un difícil acceso a las pruebas de detección y tratamiento
Con la participación de 37 instituciones de la sociedad civil de Santiago, el colectivo Marcha Verde, el alcalde Abel Martínez y organizaciones especializada en temas municipales se concluyó de manera satisfactoria el primer encuentro local que busca prevenir y mitigar los efectos negativos del COVID19.
El periplo del proyecto para convertir en municipio a decenas de comunidades apartadas y olvidadas de Santiago fue largo y torpedeado por adversarios de prácticamente todos los estratos sociales.
La realidad ha superado la ficción de series televisivas y producciones literarias. Las referencias a los muchos títulos de Netflix o de novelas como las de Dan Brown, forman parte de las conversaciones en estos días grises de incertidumbres.
El impacto de la pandemia se sufre de manera desproporcionada en las áreas donde existe precariedad en las condiciones habitacionales como en los asentamientos informales.
En su contribución a las Reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial, el Director General de la OIT presentó un plan de respuestas políticas a la crisis del COVID-19, organizadas en cuatro pilares y basadas en la solidaridad mundial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó hoy la Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.
El Foro de Municipalistas, espacio integrado por más de 150 profesionales, técnicos y personas comprometidas en diferentes ámbitos de la sociedad, motivados por los efectos mortales del Coronavirus (COVID-19) en la República Dominicana
Propuestas de medidas complementarias de carácter económico y de protección social para el combate efectivo de la pandemia coronavirus COVID-19 en República Dominicana.
La pandemia de coronavirus COVID-19 ha interrumpido gravemente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y ha obstaculizado la capacidad de las autoridades para responder a la violencia de género
