Consideran importante que se desarrollen espacios de vinculación entre el CES y los Consejos de Desarrollo Municipales (CDM)

Santiago. 3 de febrero 2020. Representantes de organizaciones de la sociedad civil de Santiago abogaron por un mayor equilibrio en la composición del Consejo Económico y Social (CES) de manera que en el mismo pueda concurrir la representación intersectorial e interterritorial.

Estimaron como necesario que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 142-15 el CES  proceda a crear las comisiones  “Institucionalidad, Transparencia y Estado de Derecho; Educación, Salud y Protección Social; Economía, Productividad y Empleo; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como de Asuntos Emergentes y Coyunturales relacionados con las materias socioeconómica y laboral.

Enfatizaron en la necesidad de la aprobación del reglamento de aplicación de la Ley 142-15 por considerar que tanto éste como la creación de las comisiones posibilitarán una mayor descentralización del Consejo Económico Social.

Las opiniones fueron emitidas en el panel Consejo Económico y Social: Ámbito de actuación y perspectivas para su desarrollo, organizado por la Fundación Solidaridad en el marco de la implementación del proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos”.

El panel estuvo integrado por Saúl Abreu, Director Ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Inc. (APEDI); Fátima Lorenzo, Directora del Centro de Estudios de Género de INTEC (CEG-INTEC); y Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana. Los expositores trataron distintos aspectos vinculados al CES, entre los que se destacaron los antecedentes históricos de este espacio de consultas y las principales iniciativas promovidas desde su nacimiento.

El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento se encuentra establecido en la ley 142-15 que regula al mismo. En el pleno de este organismo se han discutido importantes iniciativas de gran importancia para el país, como es el caso del Pacto por la Educación y los avances en el Pacto Eléctrico, quedando pendiente por iniciarse las conversaciones para el Pacto Fiscal. Los pactos son un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12.

En las conclusiones del panel una gran parte de los asistentes expuso acerca de la necesidad de descentralizar el CES, procurando que su ámbito de actuación no abarque únicamente a entidades establecidas en el Gran Santo Domingo; además, se consideró importante que se desarrollen espacios de vinculación entre el CES y los distintos Consejos de Desarrollo Municipales (CDM) que funcionan en municipios del país, como forma de que las políticas públicas a escala nacional puedan ser enlazadas a los procesos de planificación que se realizan a nivel local.

El proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos” busca contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática social y la modernización del Estado, en el marco del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad del Servicio Público (PARAP II). El mismo es implementado por un consorcio de organizaciones integrado por Participación Ciudadana, OXFAM, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, con el financiamiento de la Unión Europea.