Los salarios de los diputados y senadores dominicanos son escandalosamente altos, una vergüenza nacional. Con sus salarios base, más las canonjías que ellos mismos se auto asignan por ley, ganan el doble del promedio del salario de un congresista de España. No contento con esto, acaban de anunciar su intención de aumentarse su botín, una afrenta que ha motivado una generalizada repulsa de la población y de algunos congresistas, sin que hasta el momento las direcciones políticas de los principales partidos representados en el Congreso se hayan pronunciado contra el despropósito de sus representantes, otro ejemplo de la miseria ética y moral que carcome esas colectividades.

Pero, no son solamente los congresistas quienes de manera antojadiza se aumentan sus sueldos, también lo hacen algunos funcionarios municipales electos. Los regidores del ayuntamiento de Santiago aprobaron un incremento salarial que elevaría el sueldo del alcalde a 450,000 pesos mensuales. La alcaldesa de Madrid, que es la funcionaria municipal electa de mayor salario en España, devenga el equivalente a 387 mil pesos mensuales. El municipio de Santiago tiene alrededor de 550,753 habitantes, el de Madrid alrededor de 3,141,991. Podrían hacerse muchas otras comparaciones que evidencian que nuestros legisladores y funcionarios municipales electos devengan un sueldo mucho más alto que sus pares de países ricos.

Sin embargo, más que en esa partida de zánganos, salvo honrosas excepciones, la responsabilidad de esa afrentosa circunstancia recae sobre las direcciones de los partidos que los presentaron en sus boletas electorales, porque con sus silencios cómplices frente a los recurrentes escándalos de sus representantes en el Congreso y los Concejos de Regidores, en última instancia los apoyan. No es la primera vez que los congresistas y autoridades municipales se ven envueltos en escándalos relativos a legislar para su particular beneficio y sobre temas controversiales de alto interés nacional, como el aborto, el libre acceso de la población a playas y ríos del país, sin que las direcciones de sus partidos tomen posición y defiendan los intereses de la población.

Se supone que los partidos toman partido en las discusiones sobre los grandes temas nacionales y que a tal propósito trazan las líneas que sirven de marco de actuación de sus elegidos. No es saludable que los congresistas sean simples cajas de resonancia de las direcciones partidarias, pero en tanto representantes de estas, sus actuaciones no deben estar al margen o contra el sentir de sus direcciones. Estas se sumergen en la irresponsabilidad e ilegitimidad al no asumir su rol, dejando que sus representantes en el Congreso y en los municipios actúen en franco desprecio a la razón, la prudencia y el decoro, como es el caso del incremento de sus ya excesivos salarios.

En el caso de los partidos de oposición y específicamente del PRM, si sus órganos directivos y sus principales líderes no intervienen en este caso y condenan sin ambages las pretensiones de sus elegidos de seguir legislando para incrementar su capital y para mantener sus múltiples prebendas, se mantendrán lastimosamente empantanados, prisioneros de la voracidad de muchos de sus militantes y elegidos e irremediablemente marginados del sentimiento de importantes sectores políticos y de la sociedad civil.