La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) y otra decena de organizaciones de la sociedad civil interpelaron hoy al Estado Dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiendo una tutela efectiva del derecho a la salud y a la seguridad social.

La audiencia tuvo lugar en el 169 Periodo de Sesiones de la CIDH celebrado en la Universidad de Boulder, Denver, Colorado. El Estado dominicano fue representado por el Dr. Chanel Rosa, director del Servicio Nacional de Salud y la Dra. Rhadis Abreu, embajadora de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. La sociedad civil estuvo representada por los doctores Bartolomé Pujal y Genaro Rincón y por Nicomedes Castro y Rosanna Marzan, activistas de los movimientos sociales de derechos humanos.

Los representantes de la sociedad civil denunciaron la ausencia de una tutela efectiva del derecho a la salud y la seguridad social de parte del Estado dominicano, lo que explica la alta mortalidad materna e infantil, especialmente neonatal, factores asociados a la insuficiencia presupuestaria y la falta de gerencia y de calidad en los gastos y servicios de salud y seguridad social, así como la permisividad del Estado con los élites económicas que controlan las ARS, las clínicas y los laboratorios clínicos y farmacéuticos. Demandaron que el Estado ratifique el Protocolo de San Salvador y asuma su responsabilidad de ejercer una tutela efectiva del derecho a la salud, para lo cual se hace imperativo adoptar medidas para controlar los límites de quienes intentan imponer el derecho a hacer negocios por encima de los derechos fundamentales de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

El Dr. Chanel Rosas explicó todos los esfuerzos que ha venido realizando el Estado para reducir la mortalidad materna e infantil y superar la crisis que vive la salud pública en el país, señalando que aunque el presupuesto gubernamental de la función salud no es mayor del 2% del PIB, el Gasto Nacional de Salud ronda el 7%, y el monto global se ha triplicado en los últimos 10 años. También indicó que el país tiene una presión tributaria muy baja, de alrededor del 15% del PIB, por lo que se hace muy difícil incrementar el presupuesto del gasto social sin antes mejorar los ingresos fiscales de la administración.

Las y los Comisionados de la CIDH escucharon a los intervinientes en la audiencia temática, felicitaron al Estado y a la sociedad civil por dialogar y concurrir a dicha Comisión a compartir sus posiciones sobre la situación de los derechos a la salud y la seguridad social e hicieron preguntas y comentarios desde una perspectiva de derechos, con base en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales (DESCA) suscritos por el país.

Los representantes de la sociedad civil solicitaron a la Comisionada Relatora de los DESCA CIDH realizar una visita in locos al país, informarse a profundidad de los problemas que afectan al ejercicio del derecho a la salud y la seguridad social en el país, a fin de que la CIDH pueda hacer recomendaciones al Estado y  mejorar las garantías sociales del derecho a la salud que tienen los dominicanos y dominicanas.