Definir la democracia ha sido una de las tareas más difíciles para los cientistas políticos. Más que asignar un concepto que delimite, se hace necesario tener uno que exprese lo que de ella esperamos.

En el proceso de consolidación del sistema democrático dominicano, hemos pasado del descreimiento a niveles exasperantes de fe y optimismos, un tránsito brusco; con retrocesos que en ocasiones nos convence de que colgamos de un péndulo incesante que va adelante lo mismo que hacia atrás.

Parece que no ha resultado suficiente con los pactos, acuerdos y legislaciones. En cada una la “creatividad” de los actores se manifiesta y, una vez más, se solazan reafirmando que “quien hizo la ley, hizo la trampa”.

¿Caímos en una trampa con la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos? ¿Respetaremos como país las disposiciones de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral? ¿Quieren nuestros políticos tomar la medicina que ellos mismos se recetaron y elaboraron?

De cara al venidero proceso la Junta Central Electoral debe producir una serie de reglamentos que definirán temas muy sensibles para la calidad de la cita electoral, tanto por su complejo montaje como por ser las primeras realizadas bajo un régimen legal nuevo y que además le otorga la responsabilidad de organizar, administrar, supervisar y arbitrar las elecciones.

Uno de estos temas más controversiales es el de las cuotas. Presentes en el discurso tradicional de los políticos criollos, mujer y juventud, sortean sesgos que han perjudicado a ambos en su accionar. Un nivel más equitativo en la distribución de los géneros garantiza no solo que las mujeres ocupen puestos de elección popular sino que debe provocar una más rápida circulación de las élites en la dirección de los partidos. Más mujer equivale a más democracia, es un más que un eslogan de quienes trabajan este tema.

La experiencia en Latinoamérica la aportan Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Para el caso dominicano la forma y mecanismos de escogencia de las y los candidatos a puestos de elección popular, respetará en todo momento los porcentajes a cargos electivos que establece para hombres y mujeres, según la Ley 33-18 en su Artículo 53.

La Junta Central Electoral y las juntas electorales no admitirán lista de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del cuarenta por ciento (40%) y más del sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres. En los casos que no se cumplieran estas obligaciones, la Junta Central Electoral y las juntas electorales devolverán dicha lista al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, para que en un plazo no mayor de setenta y dos horas cumplan con la ley, de lo contrario, no se aceptarán las postulaciones a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en las demarcaciones electorales donde no se haya cumplido este requisito legal, declarándose desierta la presentación de candidatos por el partido, agrupación o movimiento político en esa demarcación.

Un paso de avance que debe consolidarse en una resolución con buen juicio y que otorgue garantía a las mujeres que deciden participar en política, yendo más allá de validar listas para la presentación de boletas, sirviendo de garante de que el principio de igualdad no sea vulnerado una vez electa la mujer, como lo ha sido con vergonzosas sustituciones de “renunciantes” mujeres para ser relevadas por hombres.

Para los y las jóvenes hasta treinta y cinco (35) años, cada partido, agrupación o movi¬miento político postulará el diez por ciento (10%) en su propuesta nacional de las candidaturas, disposición contenida en la letra del Artículo 54 de la cita ley. Al igual que en el caso de la cuota de género la Junta Central Electoral no admitirá listas de candidaturas para cargos de la propuesta nacional, que no cumplan con el porcentaje.

El uso de las cuotas, como sistema, debería ser transitorio: dado que una sociedad debe evolucionar a la conciencia democrática plena, madurando la experiencia, respetando las reglas de juego, fortaleciendo un sistema transparente y garante del respeto y la igualdad. Lamentablemente los vicios que afectan el sistema señalan lo contrario, se hace preciso blindar la participación y elección de mujer y joven.

Aspiramos como sociedad, que la participación de las generaciones X, Y y Z, rompan la apatía por la política y accedan a ocupar puestos y concretar las ideas y demandas que hacen desde las redes sociales. La sociedad a la que aspiran es posible construirla, empleado el poder que significan en un padrón de electores que tiene como nuevos votantes 613 mil 949, conforme los datos del organismo electoral.

Las excusas se han quebrado. La participación está legalmente garantizada. Las vías para exigir están disponibles, es tiempo de que mujer y joven demuestren el liderazgo, salden la deuda que la democracia dominicana ha tenido con las generaciones pasadas.