La directa participación del presidente Medina, en una estructura internacional para diseñar campañas de imagen a favor de gobiernos, presidentes, candidatos presidenciales y para favorecer empresas transnacionales altamente beneficiadas por esos presidentes y gobiernos, constituye otra de las tantas muestras del significado de su “obra de gobierno”. La reacción de los alabarderos y voceros de este gobierno ante este hecho, además de evidenciar sus inconsistencias ética y política, motiva una reflexión sobre lo que realmente ha sido el gobierno de Medina.
Diversos documentos evidencian que la referida estructura está financiada con fondos públicos por las autoridades de los países envueltos en ella. En el nuestro, su director era o es Joao Santana, encarcelado en su país, Brasil, acusado de diversas acciones criminales. No sólo era, o sigue siendo, el principal creador de la imagen de este gobierno y de Medina, sino el principal “buscón” de los contratos de la empresa constructora más beneficiada de los megaproyectos del Estado, una colusión público/privado de carácter delincuencial.
Podría discutirse que Medina contrate a semejante personaje, pero lo que no es discutible es que, si como todo parece indicar, utilizó los fondos públicos para pagar los servicios del señor Santana, para acrecentar tanto la imagen de su gobierno, como la de él mismo en tanto presidente y candidato presidencial, estaría cometiendo un delito de tal magnitud que si este fuera un país normal, con una sociedad civil con verdadero sentido cívico, no solo tendría que renunciar a todos sus cargos, sino que iría a la cárcel.
Punta Catalina y otros escándalos de corrupción en la construcción de diversas obras del Estado, la defensa de la sentencia 168/13, las compras de su reelección, partidos, medios, periodistas, profesionales e intelectuales conversos y alabarderos, de importantes cuadros de la cuadra de Leonel Fernández, constituyen hechos abominables que caracterizan y descalifican la llamada “obra de gobierno” del presidente/candidato Danilo Medina. Los poquísimos e incuestionables puntos luminosos de su gobierno, los no pocos funcionarios probos y capaces que se incorporaron a su gestión, son simples luceros en una administración del Estado hundida en el más oscuro pantano de la corrupción.
A ningún intelectual o profesional debe censurársele su participación en un gobierno o en cualquier proyecto para alcanzar el poder, tiene todo el derecho no solo de participar, sino de exigir su participación si así lo considerase, tampoco que escriban o hablen en favor de ese gobierno o proyecto de poder, es su derecho y deber. Lo inadmisible es que muchos de ellos, pegados a esa pródiga ubre que es el Presupuesto Nacional, lo hagan con mentiras y medias verdades. Algunos dicen que los “reales o supuestos delitos” del señor Santana, por los cuales guarda prisión, de por sí no incriminan a Medina. Una pobre argucia jurídica para evadir lo esencial del tema: el uso de recursos públicos para favorecer a un presidente/candidato y a su gobierno.
Bajo el régimen mejicano de partido único, dice Enrique Serna, según un dicho popular “el que no transa no avanza”. Vergonzosamente, ese dicho lo han asumido muchos profesionales e intelectuales dominicanos para justificar su conversión en defensores de la “obra de gobierno¨ de Medina.
