El pasado 13 de abril la Junta Central Electoral dictó la Resolución no. 42-2020 “Sobre posposición a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria de las elecciones ordinarias generales presidenciales, senatoriales y de diputaciones de la República Dominicana”. Esta es la respuesta a la consulta, en medio de la situación de crisis sanitaria por causa del coronavirus, les hiciere la JCE el día 4 del presente mes a los partidos políticos que participarán en la próxima contienda electoral.

Conocida la nueva resolución, un debate sobre la constitucionalidad de las facultades se abre. Algunos dirigentes y abogados, en muchos casos militantes de partidos, han expresado que marcar las elecciones para esa fecha debió ser vía el Congreso de la República y no como una facultad administrativa.

Pero, ¿qué dice la resolución?  Dispone la posposición de las elecciones que debieron celebrarse el domingo 17 de mayo, justificada por una causa de “fuerza mayor” como lo es la emergencia sanitaria que vive el país. Estas Elecciones Ordinarias Generales para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores/as y los Diputados/as, de todas las provincias del país, así como los Diputados/as Nacionales por acumulación de votos, Diputados/as Representantes de la Comunidad Dominicana en el Exterior y los Diputados/as representantes ante el Parlamento Centroamericano, las cuales tuvieron su Proclama Electoral el pasado 17 de marzo de 2020, se modifica para en consecuencia proceder a convocar de forma Extraordinaria a las Asambleas Electorales, para elegir mencionados, el domingo cinco (5) de julio de dos mil veinte (2020), y una eventual segunda vuelta para el nivel presidencial para el domingo veintiséis (26) de julio de dos mil veinte (2020).

Ahora bien, ¿Qué dijeron los partidos políticos cuando JCE los consultó sobre la posposición de la fecha?  El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dio su respuesta el 9 abril de 2020. Aunque se manifestó de acuerdo con una posposición, no planteó una en específico sino que expresó su criterio de que las nuevas fechas deben fijarse con el tiempo suficiente para que el 16 de agosto del año en curso se lleve a cabo el traspaso de mando a las nuevas autoridades electas, según lo dispone la Constitución de la República.

En comunicación de la misma fecha el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no fijó una posición expresa, argumentando que “el nuevo calendario electoral debe ser el resultado de una consulta, que actualmente estamos realizando con expertos médicos y epidemiológicos, por lo que solicitamos una prórroga hasta el martes 14 de abril de 2020, a fines de poder emitir nuestra opinión sobre el posible calendario electoral, para que sea sometido a discusión y consenso entre los diferentes partidos políticos”.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), también en fecha límite del 9 abril 2020, se muestra de acuerdo con la posposición señalando que “para la elaboración de la nueva calendarización debe tomarse en cuenta el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se garantice la seguridad y salud de los electores y todo el personal involucrado en el proceso”.

Para el caso del Partido Fuerza del Pueblo (FP), uno de los pocos que remitió antes de la fecha final del plazo, depositó el 8 abril 2020 un comunicación de doce páginas en el cual establece, entre otras cosas, lo siguiente: Apoyan la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para una nueva fecha que no exceda el vencimiento del período constitucional del mandato de las actuales autoridades, que vence el 16 de agosto 2020.  Sugieren el 12 de julio para la primera vuelta y el 26 de julio para la segunda vuelta.

Como criterios para establecer una nueva fecha sugiere: 1) Deben garantizarse las condiciones óptimas para el ejercicio y eficaz del sufragio a cargo de la ciudadanía y que todos los ciudadanos aptos para el ejercicio del sufragio puedan participar, incluyendo los residentes en el exterior; 2) Que se adopte en acuerdo con los partidos políticos;3) Que la JCE adopte, previa consulta con IFES, OPS, OMS y OEA, las medidas sanitarias para garantizar la preservación de los electores; 4) Que sea antes del 16 de agosto; 5) Que se respete el derecho de elegir y ser elegido de los dominicanos residentes en el exterior.

Las respuestas de 22 partidos de los consultados se encuentran disponibles en la página web institucional de la JCE en un documento compilatorio de sesenta páginas.

¿Cuál será el escenario del país al 5 de julio? Nadie puede predecirlo. La curva de contagios, a mitad del mes de abril, no puede proyectarse hasta cuánto se elevaría porque, según especialistas, para eso hace falta la aplicación masiva de más pruebas para estimar el impacto en la población.

Mantener o mover la fecha de las elecciones es un tema que sobrepasa lo jurídico para convertirse en uno de salud.

En medio de una crisis sanitaria que pone en vilo al mundo, el país convoca a ejercer el sufragio a más de siete millones quinientos mil dominicanos y dominicanas. Un padrón que tiene un 16.94% de votantes con más de 60 años, condición que es tomada en cuenta como factor de riesgo mortal a quien se afecte de Covid-19.

Según un estudio del Centro de Control de Enfermedades de China, los pacientes con comorbilidades asociadas “tuvieron tasas mucho más altas de mortalidad”. Entre están enfermedades, terrible sorpresa, están las que más padecen el pueblo dominicano: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión y cáncer.

La población con diabetes en el país es de 13,45 %, del cual 2.35% no sabe su condición. Un estudio del Hospital de la Diabetes (2018) apuntó que 58% de los diabéticos tienen hipertensión arterial, donde tan solo un 25 % son conscientes de ello.

La hipertensión impacta al 40% de la población dominicana, siendo una de las principales causa de muerte del país, según la Fundación Dominicana de Cardiología y el Instituto Dominicano de Cardiología.

Estas condiciones de salud se asocian a la obesidad, un tema que en coloca a República Dominicana en el octavo puesto de los países de América Latina con mayor cantidad de sobrepeso y obesidad, un 64,6% de los ciudadanos según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el caso de cáncer en el país todos los años son diagnosticados 17,988 casos y ocurren 10,896 muertes anuales, lo que indica que cada día en el territorio nacional mueren 29 pacientes de cáncer, según los datos del The Global Cáncer Observation (Globacan2018) y son suministrados por la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS).

Esta es la población vulnerable convocada para votar.

Se hace obligatorio que estos votantes, en caso de mantenerse la fecha en la condición de la pandemia, sean considerados en protocolos que garanticen su vida y su deber ciudadano, en ese mismo orden de garantías.

Conociendo las condiciones de nuestras mesas y centros de votación, garantizar mayor rigor para evitar contagios debe ser un tema priorizado puesto que ante este panorama, nos preguntamos como al inicio: ¿Votaremos el 5 de julio?