Imbert Barrera y ley de memoria histórica

Sociólogo con más de 25 años al análisis de la institucionalidad municipal y a la investigación socio-política. Experto en temas de desarrollo local y reforma de la Administración Pública. Se desempeña como consultor para organismos nacionales e internacionales. Ha escrito varios libros enfocados en la descentralización del Estado y la participación democrática. Es uno de los sociólogos dominicanos más dedicado a la cuestión municipal.

El 31 de mayo 2016, murió Imbert Barrera. El mismo había sido declarado como Héroe Nacional, por su participación, el 30 de mayo de 1961, en el ajusticiamiento al dictador Rafael Leónidas Trujillo (chapita). El mismo que ajustició a Trujillo, fue el mismo que participó en el golpe de Estado contra el Gobierno legalmente constituido de Juan Bosch. Imbert Barrera, también, enfrentó a Francisco Alberto Caamaño Deñó durante la Guerra de Abril de 1965, con la cual se buscaba reponer el Gobierno de Bosch. El matador de Trujillo es mismo que estuvo al lado de los norteamericanos durante la intervención del 1965, matando constitucionalistas. Imbert, fue el que en ese contexto de intervención extranjera dirigió la Operación Limpieza, asesinando personas.

Por más que los medios de comunicación de masas hayan revelado su condición de Héroe Nacional; Imbert Barrera murió como un traidor y negador de la institucionalidad democrática.

La memoria histórica, la que se inserta en el imaginario social a través de los procesos de socialización o interacción entre los ciudadanos, se sostiene fehacientemente o distorsiona en la medida que se establecen leyes, reglas, normas o pautas que la regulan.

En el Estado capitalista pre moderno y algunos modernos con predominio de la cultura conservadora, sus actores políticos apuestan al reconocimiento de sus sujetos. Y también a la doble moral. En República Dominicana se observan parques, monumentos, calles y avenidas, edificios y oficinas con nombres de figuras históricas que han aportado su vida a la defensa de la democracia y otros a la laceración o golpe de la institucionalidad del Estado. Un caso emblemático, es el de los nombres de las estaciones del Metro de Santo Domingo, en una de las cuales se registra el nombre del que toleró un crimen (Balaguer) y en otra la del muerto, el joven revolucionario (Amín Abel Hasbún). Otro caso, es la estación del metro que lleva el nombre de uno de los intelectuales racistas dominicanos (Manuel Arturo Peña Battle), y otra estación de un dirigente atacado por su origen de clase, ascendencia y color negro (José Francisco Peña Gómez).

Es necesidad una Ley de Memoria Histórica, que contribuya a declarar ilegítimos todos los reconocimientos a quienes hayan afectados a la dignidad humano; participado en represión y cometido crímenes por razones ideológicas, políticas, religiosas, raciales; que límite los nombres, símbolos, placas o menciones de conmemoración de recordación púbica de quienes ha afectado la democracia y su institucionalidad; quienes hayan hurtados o sustraídos fondos públicos.

El reconocimiento de Imbert Barrera como Héroe de la Patria, lo que ha hizo fue postergar el sufrimiento de las victimas sobrevivientes y sus familiares. Su reconocimiento es una apuesta al olvido. La Ley de Memoria Histórica es una apuesta a no olvidar. Rendir honor a quienes lo merecen.