En estos momentos la reforma constitucional resulta impertinente, inoportuna, porque la sociedad acaba de salir de una lucha casi extenuante con ese mismo problema de la reforma como centro.

Después del discurso presidencial cuando empezaba a sentirse algún alivio, aparece otra propuesta desde el Partido Reformista, increíblemente también de un sector del Revolucionario Moderno y de otro del Partido de la Liberación Dominicana y retornamos casi a la misma discusión, a un enfrentamiento parecido, a vivir el ambiente de conflicto y de tensión, en el cual vuelven a estar divididos los partidos, el Congreso Nacional, los voceros de opinión, en fin.

Si pasara esa pretensión estaríamos entonces ante una reforma constitucional que unos grupos le imponen al resto del país.

Esa reforma tampoco procede porque la haría una Asamblea Revisora sin equilibrio, en la cual, lejos de contarse con la participación colectiva de la sociedad, un solo partido y sus aliados impondrían lo que convenga a sus intereses particulares.

Hace tiempo que las fuerzas democráticas y progresistas han levantado como bandera la necesidad de reformar la Constitución por vía de una constituyente electa por voto popular.

Esa propuesta que empezó a promoverse a finales de 1991, ganó fuerza, llegó un momento en que el propio doctor Leonel Fernández, que ejercía entonces la Presidencia de la República, se solidarizó con ella.

Se hicieron reuniones, consultas, debates, pero a poco andar el propio presidente Fernández cambió de parecer y todo terminó en la Constitución del 2010, reformada en el 2015, que quería ser otra vez modificada para introducirle el derecho a la reelección, y cuando la opinión democrática derrotó ese despropósito, ahora nos vuelven con la idea de volver a remendarla.

Cuando lo que se necesita es abordar el asunto sin la prisa que ahora demuestran los partidarios del nuevo remiendo.

Dejar que pasen las próximas elecciones y en un nuevo ambiente, mediante un acuerdo nacional, convocar una Constituyente electa por el voto popular; crear las condiciones jurídicas y legales para la participación de todos los sectores políticos, profesionales, sindicales, populares, y los movimientos ciudadanos como el Congreso Cívico y la Coalición Democrática de la cual éste forma parte.

Y mientras el Congreso Nacional sigue sus funciones habituales, que sesione esa Constituyente para aportar al fin a la República una Constitución acreditada y respaldada por la más amplia participación democrática.