La Fundación Solidaridad, entidad socia del International Budget Partnership, realizó la presentación del informe “Credibilidad Presupuestaria: El Caso del Sector Salud en República Dominicana” entendiendo esta como la capacidad de los gobiernos para cumplir con precisión y consistencia sus metas de gastos e ingresos.

La iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto “Abordando la Credibilidad Presupuestaria” que impulsa el International Budget Partnership (IBP) para profundizar la comprensión global de la naturaleza del desafío de credibilidad presupuestaria, con un enfoque particular en comprender cuándo, dónde y por qué la misma es un problema, qué tan bien las desviaciones presupuestarias están justificadas y explicadas por los gobiernos, y cuáles son sus implicaciones para la asignación de recursos y el desempeño en sectores prioritarios.

Los organizadores de la iniciativa explicaron que la finalidad del encuentro fue presentar los hallazgos en los desafíos de la credibilidad del presupuesto en República Dominicana, proponer recomendaciones, incentivar el debate y sensibilizar la ciudadanía sobre la importancia del tema.

El director ejecutivo de Fundación Solidaridad, Juan Castillo, manifestó que los presupuestos gubernamentales están en el centro del desarrollo y son la herramienta del gobierno para satisfacer las necesidades de su gente, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Estudio fue presentado por Laura Castillo y Katia Lambis, investigadoras de Fundación Solidaridad, quienes expusieron sobre los principales hallazgos y recomendaciones para Republica Dominicana.

De acuerdo con Laura Castillo, existe un patrón consistente en el que el presupuesto para los Servicios de Salud Colectiva se incrementa durante el año, pero se subejecuta cuando se compara el presupuesto devengado contra el presupuesto reformulado. Por ejemplo, en 2015, el presupuesto aprobado se incrementó de 2 mil cuatrocientos a 3 mil doscientos millones de pesos, pero solo se gastaron 2 mil quinientos millones de pesos. 

Sin embargo, las razones evidenciadas en documentos y las proporcionadas por funcionarios fueron inadecuadas porque no explican por qué la actividad de servicios materno infantil, específicamente, se ha subejecutado ni explican la variación en la ejecución de las actividades dentro del programa de Servicios de Salud Colectiva.

Respecto a los casos de los hospitales José María Cabral y Báez y de Nisibón, Katia Lambis indicó que de acuerdo con los presupuestos aprobados durante los años 2014-2019 para la remodelación de los mismos, se evidencian variaciones presupuestarias significativas sin que se hayan podido obtener justificaciones oficiales del porqué de las mismas.

Los casos citados evidencian problemáticas de tipo social y de falta de transparencia. Las intervenciones que se ejecutan en los centros de salud han demandado de un largo tiempo, restringiendo la prestación de servicios y provocando en la población usuaria, generalmente de escasos recursos, la necesidad de acudir a otros centros públicos o privados incrementando los costos de salud y/o limitando el seguimiento de sus casos.

Si bien la OISOE indicó que los retrasos de las obras se deben a los resultados de los estudios de vulnerabilidad estructural realizados, no se pudo acceder a dichos estudios para constatar las alegadas justificaciones.

Adalberto Grullón, representante de la Alianza por el Derecho a la Salud, realizó comentarios al informe y reflexionó sobre el actual estado del sector salud en República Dominicana, resaltando que los diferentes organismos internacionales y la Constitución Dominicana establecen que la salud es un derecho fundamental, pero que este es un derecho denegado para la mayoría de la población dominicana, ya que estamos ante una crisis del modelo sanitario. Resaltó que el Estado está invirtiendo apenas un 1.8% del PIB en salud, a pesar de que en la Estrategia Nacional de Desarrollo está contemplado el incremento sustancial del presupuesto en salud de manera escalonada hasta llegar a 4% del PIB para 2020 y a un del 5% PIB para 2030.

Las investigadoras resaltaron que el problema de la credibilidad debe abordarse mediante una mayor visibilidad y compromiso con la supervisión y el público.

Esta actividad se realizó en coordinación con el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) dentro del marco del Diálogo sobre Política Públicas, un espacio permanente de debate sobre temas de actualidad, relacionados con el desarrollo de la República Dominicana.

Santiago, 27 de noviembre 2019