La recurrencia de delitos sexuales en contra de menores, es una inquietud de primer orden en el país, donde cada semana se contabilizan abusos sexuales, violaciones, incestos, etc., contra niñas, niños y adolescentes.

Teniendo en cuenta que, la mayoría de los casos no se denuncian ni se divulgan mediáticamente, el problema es serio.

El caso de dos oficiales de la Policía Nacional, uno al menos destituido, ambos en proceso en la justicia, nos pone frente a un tema reiterativo, la falta de protección a los niños, niñas y adolescentes pese a que, desde la misma Constitución y las leyes adjetivas, han de ser preocupación primera en la sociedad entera.

En el caso de las niñas y adolescentes, las cosas se ponen peor, porque se les atribuyen culpas por los crímenes adultos masculinos, de parte de las autoridades y hasta de la misma familia, aumentando el riesgo en que viven.

Se hacen videos que se publican en las redes, y por esa vía se establecen “pruebas” que, para denostarlas, se arman cuentos en los que se fabulan situaciones que terminan incriminando a las víctimas y liberando de culpa a los perpetradores.

Eso es lo que, parece, sucedió con la menor que, desde los 15 años, tenía amores consentidos por su madre con el General, en cuyos brazos fue grabada y que, ahora, asegura, fue una componenda del abogado a quien le dio la representación del caso.

Del General, destituido, y después de haberlo denunciado, esa madre habla maravillas, se hace asistir por otra abogada, sin cortar el vínculo con el que hoy acusa. Y el abogado, tiene un abogado que lo representa y enarbola el poder recibido. (¡Si Ud. entendió, felicidades!).

El caso que valía casi un millón de pesos, 200 mil para la menor víctima y 700 mil para el abogado, podría encarecerse porque un Coronel “asignado” por el General para cuidar a la menor mudada, se acostó con ella, se filmó el momento y alguien, lo colgó en las redes.

Muchas cosas escandalizan, empezando por el uso de las madres y los padres de la sexualidad de las niñas y adolescentes, sacando ventaja económica de eso. Las acciones de dos oficiales de la P.N., supuestos de conocer la ley que establece que las menores no tienen capacidad de consentir, y que cometieron un crimen. La práctica de abogados sin ética ni escrúpulos que se lucran con estos hechos penosos y criminales.

Esa menor, desconsiderada también en los medios, está en un alto riesgo y hay que protegerla.