El año 2019 se caracterizó por un predominio casi absoluto de los temas políticos electorales. Desde la aprobación de la Ley 33-18 de partidos, movimientos  y agrupaciones políticas en agosto del 2018 y de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral en el mes febrero, el país estuvo envuelto en constantes discusiones y preparativos para la celebración de las primarias del 06 de octubre. Al término del año, todavía dominan la incertidumbre sobre el cumplimiento de estas leyes y las posibilidades de que la democracia salga fortalecida en los comicios de febrero y mayo del 2020.

Entre los elementos positivos en el ámbito político institucional se destacan:

• Participación Ciudadana valora las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en la Ley 33-18, tales como: las reservas de candidaturas, el voto de arrastre, campaña negativa, método de elección de los candidatos y negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas. En todos estos casos, las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos, medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral.

• La creciente presión ciudadana y de la prensa nacional a favor del mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país. Este año se fortalecieron las demandas por unas elecciones limpias, equitativas y transparentes. Estas presiones fueron las que impidieron que se introdujera una nueva reforma constitucional con el objetivo de repostular al Presidente Danilo Medina Sánchez. Con vistas a las elecciones del 2020 han surgido varios grupos y propuestas que propugnan por un cambio en la cultura del abuso de los recursos públicos a favor del continuismo, el fraude y la violación de las leyes. La sociedad civil ha puesto a circular un Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, a través del cual coordina las acciones para una participación efectiva.

Dentro de los elementos negativos sobresalen: 

• La mitad del año en intentos reeleccionistas. A pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe, seguidores del Presidente Danilo Medina sometieron al país a un intenso debate sobre la posibilidad de eludir esa prohibición o de realizar una reforma constitucional para permitir una segunda reelección presidencial. Esto distrajo la atención y abrumó a la ciudadanía por más de un año, lo cual impidió además que se despejara el panorama al interior del partido de gobierno y creó un ambiente de incertidumbre ante las amenazas de imponer la fuerza del poder y del dinero. Al fin, la sensatez se impuso y el Presidente Medina anunció el 22 de julio que no intentaría una nueva reelección, permitiendo que su partido se abocara a la preparación de las primarias y que surgieran varias candidaturas.

• Limitaciones al voto de los dominicanos en el exterior, tanto por las pocas opciones que se ofrecieron para la inscripción en el padrón así como por el cierre prematuro del plazo.

• Proselitismo a destiempo y precampaña desigual. A pesar de las normas establecidas en la Ley 33-18 y de las facultades reforzadas de la Junta Central Electoral (JCE), las primarias de los partidos se convirtieron en una elección nacional con características, tiempos y gastos semejantes a las nacionales y contrarias a los anhelos  de un sistema electoral más avanzado y justo. Las normativas relativas a la propaganda, el activismo público, los plazos y el gasto fueron violentadas de manera notoria, fundamentalmente por el partido y los precandidatos oficiales. La JCE dictó la Resolución 10-2019 que suspendía la actividad política en el período previo a la precampaña luego de la denuncia que le hiciera Participación Ciudadana, pero estas continuaron en franca violación a la Ley Electoral y a la Ley de Partidos. Producto del desbordamiento, el órgano electoral emitió una nueva resolución, numerada 11-2019 que ordenaba la suspensión de la publicidad política y retiro inmediato de toda la propaganda electoral, la cual solo fue cumplida de manera parcial.

• Todo el gobierno lanzado a la campaña en favor del precandidato del Presidente. Al igual que en las últimas elecciones nacionales, las primarias se caracterizaron por la participación del gabinete completo y centenares de funcionarios públicos como coordinares regionales de la campaña del candidato oficial en uso claro de los recursos públicos. La división interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la intervención directa del Presidente Danilo Medina y de todo el aparato estatal a favor de un precandidato convirtieron las primarias en un proceso muy difícil y cuestionado con el resultado final de la división de ese partido y la renuncia del ex Presidente Leonel Fernández, quien ha sido postulado para el 2020 por el Partido Fuerza del Pueblo (PFP), anteriormente Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD). Aún se está a la espera de la decisión de las altas cortes sobre la aceptación de esta postulación. 

• Excesivo gasto en campaña de las primarias. Las elecciones dominicanas siguen siendo muy costosas con el agravante de que una parte de los recursos salen del uso ilegal del presupuesto nacional en favor de candidatos oficialistas. Las primarias de los partidos no fueron una excepción, sino que por el contrario aumentaron el gasto con relación a años anteriores. 

• Denuncias de fraude. Las denuncias de Leonel Fernández de que había sido víctima de fraude y que se había adulterado la voluntad popular en la transmisión de los datos de los equipos electrónicos se convirtió en un elemento que empañó el proceso y dejó incertidumbres que todavía no han sido esclarecidas. 

• Voto automatizado no logra confianza y consenso. El voto automatizado utilizado en las primarias fue exitoso en cuanto a la rapidez de la transmisión de resultados, pero no pasó la prueba de confianza luego de que se produjera un cambio en la tendencia y de que decenas de miles de personas en la región sur votaran en horas de la noche después del horario establecido.

• A pocos días de finalizar el año la situación del voto automatizado es incierta, ya que se ha requerido una auditoria, la cual debió realizarse desde principios del 2019 y hasta el momento no ha iniciado, teniendo de cara las elecciones municipales en el mes febrero y las presidenciales y congresuales en mayo del 2020.

La corrupción sin castigo sigue siendo la norma en el 2019

Ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, mientras el Ministerio Público, y en especial la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA) no cumplen con su responsabilidad de investigar y perseguir las innumerables denuncias y evidencias de corrupción que son de conocimiento público.

Otro ejemplo de corrupción sin castigo lo constituye el pobre trabajo realizado por la Cámara de Cuentas, órgano que fue creado para auditar las cuentas públicas y que no ha generado ningún avance en la detección y persecución de la corrupción. Las instituciones que más recursos manejan no han sido auditadas en los últimos años y el escandalo más significativo; el de ODEBRECHT, sigue a la espera de que se verifiquen las sobrevaluaciones de obras confesadas por la misma empresa.

Durante el 2019, Participación Ciudadana dio seguimiento a los siguientes casos:

• Hospital Dr. Darío Contreras
• Hospital Dr. Luis E. Aybar
• Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)
• Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
• Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
• Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
• Caso Diandino Peña
• Los aviones Tucanos
• Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
• ODEBRECHT

En este año, los casos de corrupción visibilizados en los medios han sido significativos, resaltando los siguientes:

• El caso de ODEBRECHT y los Codinomes. Documentos dados a conocer por un grupo de periodistas de investigación de varios países, auspiciados por Transparencia Internacional, mostraron que en la República Dominicana 28 personas recibieron 39.5 millones de dólares como sobornos por Punta Catalina y otras cinco obras realizadas en el  gobierno del actual presidente, Licenciado Danilo Medina Sánchez. La actuación del Ministerio Público en este caso ha sido nula, a pesar de que tiene la posibilidad de acceso a los nombres de las personas que recibieron esos sobornos.
• La sobrevaluación del Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.
• La sobrevaluación del Hospital Luis Eduardo Aybar, la cual comenzó con una licitación de 699 millones de pesos y ya asciende los 14,522 millones de pesos.
• El enorme nepotismo en las instituciones públicas que quedó documentado en dos entregas realizadas por la periodista Nuria Piera.
• Licitación Compañía de Seguridad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) del 20 de mayo del presente año.
• Fideicomiso Ciudad del Sol del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en Punta Cana.
• La denuncia del periodista Marino Zapete sobre la firma de contratos de grado a grado entre el entonces Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y hoy candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y la señora Maybeth Virginia Rodríguez, hermana del Procurador General de la República, y además empleada de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado (OISOE), por un monto superior a mil millones de pesos.
• El caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones documentado por la periodista Alicia Ortega sobre la asignación de grado a grado de hormigón asfáltico caliente a varias empresas por un monto de RD$11,500 millones de abril a septiembre del presente año. Hay que advertir que para esa vertiente solo había sido asignado RD$2,500 millones para todo el 2019. Se violaron la Ley de Presupuesto 423-06 y la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios 340-06.

Todos los estudios dados a conocer en el año 2019 confirman la posición de la República Dominicana, la cual es considerada como uno de los países con más altos niveles de corrupción del mundo. Así lo establece el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional donde el país sacó un 30 de 100 puntos en materia de percepción de corrupción. El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe pone en evidencia como la falta de integridad política amenaza la democracia. En el referido informe, la República Dominicana queda en segundo lugar de 18 países, entre los peores en materia de soborno.

El Índice de Competitividad Global del Foro Económico, evaluó 141 países, obteniendo la República Dominicana un promedio general de 78 de 141. Sin embargo, en materia de corrupción el resultado es de 110 con una desviación negativa con respecto al promedio de 70.

En el estudio de OXFAM Autopsia Fiscal, se pone de manifiesto cómo se dilapida, dispendia y malversan los fondos públicos. Resalta el referido estudio que las expectativas de irregularidades para el 2019 en materia monetaria, serían por RD$154,000 millones, equivalente a 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Revela que anualmente la sociedad dominicana pierde RD$41,000 millones en corrupción.

El estudio Barómetro del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) en su más reciente informe “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas 2018-2019” establece altos índices de victimización de la población  por corrupción de los funcionarios públicos.

La economía dominicana en el 2019

El año 2019 estuvo marcado por un menor crecimiento económico, mayor depreciación del tipo de cambio y continuación del incremento de la deuda pública. La combinación de incertidumbre institucional y política que caracterizó el 2019 incidió sobre el desempeño de la economía de la República Dominicana. Los planes de modificación de la Constitución afectaron las decisiones de inversión de los agentes económicos. De igual forma, el proceso de primarias partidistas, y las reacciones posteriores que este acarreó, representó otro elemento que incidió sobre la incertidumbre económica. Menor actividad económica y depreciación del tipo de cambio fueron elementos atribuibles, en parte a la incertidumbre generada por los procesos citados.

Otro efecto importante sobre la economía dominicana estuvo relacionado con la caída de la actividad del sector turístico durante el 2019. El factor que detonó la reducción en la actividad turística fue la disminución en la llegada de visitantes como consecuencia de la cobertura mediática de algunos medios de prensa extranjeros de hechos que involucraron a nacionales estadounidenses en hoteles locales. La manera como las autoridades del sector manejaron los casos en sus inicios contribuyó al mayor deterioro de la imagen del destino turístico. Aunque se hacen esfuerzos para recuperar la imagen de la República Dominicana en el exterior, el impacto económico es notable en la principal industria generadora de divisas del país y la de mayor encadenamiento productivo. El turismo procedente de los Estados Unidos y de Canadá, ha sufrido una reducción significativa con relación al año 2019, la cual se ve reflejada en la ocupación hotelera de los principales polos turísticos del país.

En la segunda mitad del año el Banco Central de la República Dominicana trató de compensar la pérdida de dinamismo de la economía por medio del aumento del crédito interno. El instrumento empleado fue la liberalización de RD$34,000 millones del encaje legal de las instituciones de intermediación financiera. Estos recursos fueron destinados a diversos sectores de la economía a una tasa de un 9% anual para préstamos de seis años. La política de préstamos a tasas bajas es una medida temporal, sin efecto en los fundamentos de la economía, cuyo impacto solo será transitorio. A pesar de la medida, la economía terminará con un crecimiento menor al experimentado en el 2018.

Con relación al clima de negocios, el informe Doing Business presentado en el 2019 mostró que la República Dominicana se encuentra rezagada en reformas para mejorar las condiciones para el emprendimiento empresarial. Actualmente el país ocupa el puesto número 115 entre las 190 jurisdicciones evaluadas a nivel mundial. Esa posición relativa dentro del ranking mundial representa una pérdida de trece peldaños con respecto al informe publicado en el 2018. Los resultados señalan que las reglas de juego que imperan en la economía dominicana afectan negativamente a los emprendedores e incentivan a operar fuera de ellas. Es decir, continúan las condiciones que motivan a invertir dentro de regímenes tributarios especiales que conceden privilegios a quienes se acogen a estos. De igual forma, las mismas reglas de juego estimulan el establecimiento de procesos productivos dentro de la informalidad, es decir fuera del complejo, oneroso y discrecional sistema imperante.

La política fiscal ejecutada durante el año 2019 continuó el preocupante curso de años anteriores. Era previsible que los ingresos tributarios fueran menores al monto presupuestado, ya que ha sido una práctica constante la sobreestimación de estos dentro de las leyes de presupuesto de años recientes. En adición, los ingresos fiscales disminuyeron con respecto al presupuesto como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica. A pesar de la caída en las recaudaciones, el gobierno no realizó ajustes en el gasto público con la intención de por lo menos, mantener el déficit en el nivel presupuestado. En la modificación a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado, aprobada por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo solicita apropiaciones nuevas de gastos superiores a los RD$10,185 millones. Como resultado del mayor gasto y la disminución en los ingresos fiscales de más de RD$14,100 millones, el déficit fiscal del Gobierno Central será superior al presupuestado en cerca de RD$24,300 millones de acuerdo a la ley antes mencionada de «presupuesto complementario». De esta forma, el déficit alcanzará aproximadamente la cifra de RD$100 mil millones, siempre de acuerdo con las estimaciones oficiales.

El resultado final de la política fiscal del año 2019 será un crecimiento mayor al previsto en la deuda pública. Por un lado, el monto de la deuda crecerá en por lo menos US$1,950 millones para financiar el déficit de casi RD$100,000 millones en el resultado presupuestario del Gobierno Central previsto por las autoridades. Por otro lado, de acuerdo con la modificación a la Ley de Presupuesto de 2019 aprobada por el Congreso Nacional, el sector eléctrico requerirá que el Ministerio de Hacienda asuma una nueva deuda equivalente US$1,750 millones para sustituir pasivos de corto plazo contratados en el año por las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES). Es decir, que las necesidades de una nueva deuda pública para el año 2019 son equivalentes a por lo menos US$3,700 millones o RD$190,000 millones.

La forma como fue manejada la política fiscal durante el 2019 evidenció la necesidad de mayor disciplina y de reglas fiscales, sobre todo por el ritmo al que está creciendo el endeudamiento. Es preocupante que la deuda pública consolidada se mantenga a niveles cercanos al 53% del PIB (incluyendo la deuda intergubernamental), sin embargo, ocasiona mayor alarma que el gasto en intereses de la deuda sobre los ingresos tributarios sea cada vez mayor y se sitúe cercano al 24%. Es decir, el ritmo de endeudamiento público mantiene comprometida una porción considerable de los ingresos tributarios, y en consecuencia a la misma política de gasto público del gobierno.

El elemento más positivo del 2019 sigue siendo el crecimiento de las remesas de los dominicanos en el exterior, las cuales se han constituido en la principal fuente de divisas del país, alcanzando en este año una suma superior a los US$6,500 millones.

La justicia sigue débil y con pocos resultados

En el 2019, la calidad e independencia del sistema judicial dominicano  continúan siendo una tarea pendiente. Acontecimientos ocurridos durante el presente año, tales como el proceso de elección de jueces a las altas cortes, el caso ODEBRECHT, el acceso equitativo a la justicia, la persecución del crimen organizado, entre otros,  así lo demuestran, sin ningún tipo de reacción de los poderes públicos.

El maltrato por parte del Procurador General de la República a la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, durante la evaluación de su desempeño en la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, concitó un gran repudio y empañó el proceso de elección de los jueces de las altas cortes. Las imputaciones del Procurador General, abusando de su poder contra la  magistrada Miriam Germán Brito mostraron profundas y estructurales debilidades del sistema de selección que a manera de espectáculo violó la Constitución,  el debido proceso, el  Reglamento para la Evaluación del Desempeño de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Reglamento 1-17 de la Ley No. 137-18. El reconocimiento de espionaje de la vida pública y privada de la jueza Miriam Germán Brito, reafirmó las acciones en el país con respecto a las intervenciones telefónicas vulnerando el derecho a la intimidad y privacidad no solo de la ciudadana, sino de muchos hombres y mujeres sin ningún tipo de consecuencias.

El tratamiento del escándalo ODEBRETCH sigue siendo totalmente insatisfactorio para la sociedad dominicana. Desde sus inicios, el expediente ha sido evidenciado como incompleto, tanto en la cantidad de implicados como por la exclusión del financiamiento de campaña y la sobrevaluación de las obras. Contrario a los demás países del continente donde esta empresa realizó las mismas prácticas y donde hay mucha gente acusada y condenada, en la República Dominicana este caso se perfila como uno más de la larga lista de impunidades.

Después del juicio preliminar de seis imputados en el caso ODEBRETCH, el pleno de la Suprema Corte de Justicia está inmerso en el conocimiento de uno de los procesos más graves de gran corrupción no solo en la República Dominicana sino de toda América Latina, el cual se encuentra envuelto en peticiones, excepciones, incidentes procesales planteados por los seis imputados y deliberaciones de la alta magistratura.  La afirmación de la magistrada Miriam Germán de que ese expediente no cuenta con los medios probatorios para una condena es la sentencia anunciada para prever la suerte de ese proceso, en el cual no son todos los que están ni están todos los que son. En donde los grandes ausentes son los funcionarios públicos vinculados a los periodos en que la empresa ODEBRECHT trabajó en la República Dominicana, incluyendo a los del presente gobierno.

Los niveles de percepción negativa sobre el sistema de justicia dominicano siguen siendo altos, conforme al Barómetro de las Américas 2018-2019. Entre un 35.4% y un 20% de los encuestados confía nada o poco, respectivamente, en el sistema de justicia. Además, apenas un 42% de los dominicanos considera que las cortes realizan un juicio justo. El más reciente estudio del Latinobarómetro 2018 presentó niveles de confianza institucional aún más bajos que el Barómetro de las Américas. La confianza en el Poder Judicial dominicano se sitúa en un 21%, según el estudio.

El acceso equitativo y oportuno a la justicia constituye un elemento primordial para la garantía de los derechos y libertades fundamentales, sin embargo, la mora judicial y la falta de cumplimiento al debido proceso siguen siendo retos del Poder Judicial en áreas claves como la justicia penal, civil y laboral.

En otra línea, afrontar de forma efectiva las acciones del crimen organizado desborda las capacidades del Ministerio Público y lo relega a una investigación y persecución reactiva y no proactiva. Según Insight Crime “Cada semana llegan a aguas dominicanas unas tres lanchas rápidas, llevando entre 700 kilos y una tonelada de cocaína. El crimen organizado logra transportar y exportar los cargamentos de droga con relativa facilidad y seguridad, lo que sugiere que existe corrupción en los altos niveles de los organismos de seguridad”, sin embargo, no se aplica un sistema de consecuencias para los que incurren en la comisión de esos delitos y que envié un claro mensaje a la sociedad de tolerancia cero a las acciones de narcotráfico y delitos conexos. Así lo confirma el “desmantelamiento” de la red de narcotráfico que supuestamente dirigía el nombrado «César el Abusador», que puso de relieve la incapacidad del sistema de justicia de perseguir las complicidades sociales y estructurales que solapan las acciones del crimen organizado.

Por otro lado, durante todo el 2019 quedó evidenciado que la asignación de un presupuesto mayor a todo el sistema de justicia es impostergable para la protección efectiva de los derechos y mantenimiento del orden civil, situación que no solo afecta al Poder Judicial y al Ministerio Público, sino también a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) donde se reporta una importante reducción del personal capacitado, por la enorme carga laboral y los bajos salarios, obligándose a la contratación de personal no formado con la rigurosidad exhibida en otros años. A la par se ha reportado debilidad en la supervisión y control de las actuaciones de los defensores públicos, observándose viejas prácticas prohibidas de solicitar con distintas tácticas un pago adicional a los defendidos.

Por último, se continúa a la espera de que sea colocado como agenda pública prioritaria  la migración al nuevo modelo penitenciario de los reclusos y reclusas del modelo tradicional, cuya población se encuentra en hacinamiento, siendo un escenario para la vulneración de derechos y la dignidad de las personas.

 Consejo Nacional
18 de diciembre del 2019