La propagación en el país del COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis del sistema de salud, situación que se agudiza con decenas de muertes y miles de afectados que sufren un difícil acceso a las pruebas de detección y tratamiento, debido a la escasez de insumos, de lugares adecuados para aislamiento, unidades de cuidados intensivos y una peligrosa precariedad en el cuidado que requiere el personal de salud.

A dos décadas de las reformas legales y estructurales del sistema de salud, lejos de ofrecer servicios de calidad y amplia cobertura, sigue siendo un bien escaso, como indican las miles de personas muriendo cada año por causa de enfermedades prevenibles o curables, elevadas tasas de mortalidad materna y neonatal, y el incremento de las enfermedades catastróficas no transmisibles.

Es grave que, con más de cuatro millones de afiliados en el régimen contributivo del seguro familiar de salud, este maneja más de 60 mil millones de pesos anuales y, sin embargo, esto no garantiza el pleno acceso a los afiliados, por los altos copagos que exigen médicos, clínicas, laboratorios y farmacias, que superan el 45% del gasto en salud de las personas.

Ese modelo de seguridad social en salud tiene que cambiar
En el actual contexto de salud impactado por el COVID-19, estamos frente a una nueva oportunidad para marcar un punto de inflexión en nuestro sistema de salud y empezar a colocar los hitos que transformaran definitivamente las carencias críticas que lo caracterizan. En ese sentido, se hace imperioso y urgente priorizar el gasto en este sector, en infraestructura, personal, prevención e investigación y se requiere aplicar de manera efectiva la atención primaria. Esta coyuntura deberá ser un acelerador para la demandada y necesaria incorporación de las políticas de salud en las reformas sociales, económicas e institucionales. Este es un reto ineludible de las próximas autoridades nacionales.

Transparencia y calidad de la inversión en salud
En la situación sanitaria y económica que vive el país, los poderes excepcionales que han sido asignados al Poder Ejecutivo deben ser utilizados con la mayor transparencia y las mejores prácticas administrativas. No es momento para que nadie obtenga ganancias a costa de los escasos recursos que disponemos. Participación Ciudadana entiende que el Estado debe eliminar cualquier intermediación en las compras de los insumos masivos que se requieren y tal como han hecho otros países, asumir directamente las compras. Se necesita que se publiquen los precios de los proveedores de origen, más los gastos para colocarlos en el territorio nacional.

El país no puede permitirse el lujo de usar empresas privadas en compras de miles de millones que les reportarán enormes ganancias y que ningún organismo del gobierno, incluyendo nuestro servicio exterior, pueda hacer directamente estas gestiones de compra, multiplicando así su rendimiento. Tampoco se puede entender que un candidato presidencial tenga los recursos y la capacidad para enviar aviones a China a traer insumos y que el gobierno dominicano no pueda hacer lo mismo. El Estado tiene, en este momento, prácticamente el monopolio de la demanda, por tanto, es el más indicado para adquirir directamente esos insumos y hacerlo sin dejar dudas sobre su honestidad y capacidad administrativa. No nos oponemos a que cualquier particular gestione directamente sus donaciones, pero consideramos que, en este contexto, los recursos públicos no deben ir a manos de intermediarios.

En respuesta a las críticas que han suscitado los recientes concursos, debido a los exorbitantes precios asignados, el Gobierno se vio obligado a cancelar los mismos, retrasando así un abastecimiento que es de vida o muerte. También ha designado una Comisión de Veeduría, a la cual no nos oponemos puesto que en esta situación se demanda la colaboración de todo el mundo. Ya Transparencia Internacional ha alertado sobre los riesgos de que las crisis y estados de emergencias se presten para el enriquecimiento de unos pocos.

El caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), pone nueva vez en evidencia los riesgos de corrupción en las instituciones públicas y aún más en el marco de una crisis sanitaria y con una declaratoria de emergencia. Desde Participación Ciudadana esperamos la continuidad de la investigación y el establecimiento de las responsabilidades penales.

La Comisión de Veeduría puede ayudar vigilando las adquisiciones y contrataciones que se hagan, recogiendo información en los demás países sobre los precios de mercado de los productos que se demandan, a fin de identificar las mejores opciones. No basta con que se cumplan ciertos requisitos de concursos públicos. Si algún poder excepcional debe aplicarse en este momento, es reducir al mínimo la intermediación y las ganancias particulares. Todos los recursos públicos se deben emplear con el fin fundamental de salvar vidas.

El Gobierno Central y, específicamente, el Ministerio de Hacienda, deben publicar, cada semana, cómo se van asignando los 32 mil millones de pesos de emergencia, y cuál es el ahorro que están obteniendo con más de 100 instituciones cerradas, con el propósito de discutir la reestructuración y priorización del presupuesto de 2020.

Participación Ciudadana expresa una vez más su solidaridad con las familias que hoy sufren tantas dificultades para afrontar las urgencias de atención sanitaria, pérdida de empleos y medios de sustento, aislamiento y ansiedad. Sobre todo, expresa su solidaridad a las familias que ya han sufrido la partida de seres queridos.

Consejo Nacional
9 de abril de 2020