Todos sabemos la cantidad de años que llevamos esperando para actualizar la Ley Electoral que data de 1997, y además, aprobar una Ley de Partidos Políticos. Pero nadita de nada.

La realidad es que ningún partido, ni grande ni chiquito, está realmente interesado en aprobar una Ley de Partidos. La razón es simple: los partidos políticos en este país no quieren someterse a reglas. Les gusta beneficiarse del caos y pescar en río revuelto. Menciono cuatro ejemplos.

Primero, los partidos no quieren fuertes regulaciones sobre el financiamiento. Obvio, los partidos, junto a las iglesias, son las organizaciones más subsidiadas de la sociedad dominicana, y quieren seguir así.

A los partidos los subsidia el pueblo con un porcentaje que se asigna en el Presupuesto Nacional. Los subsidia el pueblo a través de nóminas, nominillas y contratos del gobierno central y municipal para activistas. Los subsidia el empresariado a través de donaciones directas. Además, se dice que reciben dinero de fuentes ilícitas. Hay una inmensa clase política que se beneficia de todos estos subsidios.

La Ley Electoral actual establece pocos controles al financiamiento de los partidos. Una nueva ley podría incluir un poco más de controles, pero no muchos, para lograr que los legisladores la aprueben. Los dirigentes y activistas políticos son muchos y gustan de vivir bien, además, necesitan recursos para mantener sus clientelas políticas. Esa es la realidad que no debería ser.

Segundo, los partidos políticos, grandes y chiquitos, no quieren reglas exigentes para frenar la proliferación de partidos. Hasta los pequeños son negocios rentables para sus directivos y miembros. Se opondrán, en nombre de la democracia, si aumentan los requisitos para obtener y mantener reconocimiento legal. Pero ojo: la democracia dominicana no necesita 30 partidos; son sus dirigentes.

Para los partidos grandes, ha sido rentable tener muchos partidos pequeños de apoyo. Ayudan a captar votos, y permiten al partido en el poder dispensar beneficios directos a muchos activistas políticos.

Tercero, el transfuguismo se ha hecho endémico en la República Dominicana. Una Ley de Partidos buscaría restringir esa práctica, pero el transfuguismo ha sido beneficioso para muchos políticos. Dirigentes y activistas buscan mejor suerte cuando en un partido no encuentran satisfechas sus demandas. El principal beneficiario del transfuguismo es el partido en el poder porque tiene más recursos para dispendiar.

Cuarto, cuándo y cómo celebrar las primarias ha sido manzanas de discordia. Las hay simultáneas o no, por postulación de candidaturas o no. Los políticos están divididos en sus preferencias respecto a la selección de candidaturas y ha sido imposible armonizar posiciones.

Una Ley Electoral puede referirse a esos cuatros temas, pero no tiene que ser exhaustiva en sus disposiciones al respecto, como sí una Ley de Partidos.
Por tal motivo, debería aprobarse primero una Ley Electoral para que no llegue mayo del 2020 en total anomía.

Proponer la aprobación de un Código Electoral con un conjunto de leyes como ha sugerido el Partido Reformista suena interesante, pero es una táctica dilatoria. Querer llevar 30 partidos a una mesa de negociación es otra táctica dilatoria.

Demandar desde la sociedad civil la aprobación de una Ley de Partidos es buen ejercicio democrático, pero tiene escaso impacto político, porque los partidos están siempre bien artillados para enfrentarse a la sociedad civil, y sólo la toman en cuenta cuando les conviene sus luchas.

Aprobar una Ley Electoral ahora es lo prioritario, y también lo más viable, dada la resistencia de los partidos políticos a tener leyes que los regulen.
Legisladores, comiencen por la Ley Electoral. Es mejor algo que nada.