La mayoría de los legisladores de todos los partidos políticos con representación importante en el Congreso dominicano (PLD, PRSC, PRD y PRM) nunca han asumido con responsabilidad los derechos de las mujeres. En varias ocasiones han aprobado un Código Penal que castiga todo tipo de aborto, sin considerar las condiciones especiales en que un embarazo debe interrumpirse porque se expone la vida de la madre, o porque se ha producido una desgracia física y sicológica, como en el caso de violación sexual.

Una mujer tiene derecho a continuar un embarazo aún en riesgo de morir, si así lo desea. ¡Es su derecho! Una mujer tiene derecho a continuar un embarazo producto de una violación, si así lo desea. ¡Es su derecho!

Un hombre puede pedirle a su esposa que continúe con un embarazo aún a riesgo de morir, si así lo desea. ¡Es su derecho! Un hombre puede pedirle a su hija violada que continúe con el embarazo, si así lo desea. ¡Es su derecho!

Los curas y los pastores pueden decirles a sus feligreses que no se hagan un aborto aún muera la madre. ¡Es su derecho! Pueden decirles a sus feligreses que no se hagan un aborto producto de una violación sexual. ¡Es su derecho!

A lo que no hay derecho es a que los legisladores dominicanos aprueben un Código Penal que obliga a toda mujer, y en toda circunstancia, incluso aquellas con riesgo de muerte, a no interrumpir un embarazo. ¡No es su derecho! ¡No!

A lo que no hay derecho es a que los legisladores de este país aprueben un Código Penal que obliga a toda mujer embarazada por una violación sexual a continuar con ese embarazo. ¡No es su derecho! ¡No!

Los legisladores no tienen derecho a aprobar la tortura de las mujeres embarazadas. Su responsabilidad es velar por los derechos de toda la sociedad, incluidos los derechos reproductivos.

Por eso, una mujer embarazada con riesgo de muerte debe tener el derecho a interrumpir su embarazo sin consecuencias penales para ella o para el personal médico que la asiste.

Por eso, una mujer embarazada producto de una violación sexual debe tener derecho a interrumpir el embarazo producto del crimen de su verdugo sexual.

Es increíble, inconcebible, perverso y criminal que el Congreso dominicano, a estas alturas de la historia, en el año 2017, esté considerando la posibilidad de aprobar un Código Penal que castiga todo tipo de aborto.

Esos son los mismos legisladores que han aprobado muchísimos préstamos para enriquecerse con sobornos; préstamos que deberán pagar los niños y jóvenes de este país por muchos años venideros.

Esos son los mismos legisladores que importan carros de lujo cada dos años libres de impuestos, y viajan por el mundo con los recursos del pueblo.

Esos son los mismos legisladores que solo exhiben puritanismo cuando se trata de legislar en contra de los derechos reproductivos de las mujeres.

Casi todos los países del mundo, hasta los países con regímenes teocráticos islámicos, permiten el aborto legal por lo menos en condiciones especiales, como es el riesgo de muerte para la madre o en los casos de violación sexual.

En la República Dominicana, por el contrario, un grupo de legisladores pretende, en complicidad con los sectores ultra-conservadores de la política y de las iglesias, cometer el abuso de prohibir todo tipo de aborto.

Recapaciten legisladores. Entiendan que su función es legislar por los derechos de toda la población. Basta ya de jugar con los derechos de las mujeres.