Participación Ciudadana propició un acuerdo entre la sociedad civil y los candidatos a la presidencia, en las elecciones pasadas. El acuerdo compelía a las partes a asumir varios temas estratégicos en la promoción del desarrollo del país.

Los puntos acordados fueron: establecer la inversión del 4% del PIB en educación; priorizar la inversión en salud; poner en marcha la Estrategia Nacional de Desarrollo; transparentar la Industria Extractiva en el país, entre otros. El Presidente Danilo Medina firmó el convenio.

El jefe de Estado cumplió algunos de los puntos concertados. El 4% del PIB para educación, por ejemplo. Un logro precedido por un proceso de lucha que movilizó la sociedad dominicana y concitó el apoyo internacional.

La priorización de la inversión en salud y la Estrategia Nacional de Desarrollo, por otra parte, aún están en veremos. Aunque el gobierno asegura que está cumpliendo con ellas.

Transparentar la Industria Extractiva en el país, en consecuencia, constituye un gran reto para el gobierno, la sociedad civil y las empresas mineras mismas. Porque se trata de la rendición de cuentas y la confianza pública en los ingresos pagados y recibidos por la explotación de los recursos minerales del país.

Dos elementos claves se desprenden de lo anterior: la transparencia y la responsabilidad.

Transparencia significa que las empresas publiquen lo que pagan al gobierno y el gobierno publique lo que recibe. En tanto cuanto responsabilidad se refiere al proceso de supervisión de todas las partes involucradas en el tema como es el gobierno, las empresas y la sociedad civil.

La calidad de estas acciones será la garantía para la admisión del país en la Iniciativa para la Trasparencia de las Industrias Extractivas, EITI, por sus siglas en inglés. Ser parte de EITI implica promover “la participación legítima de la sociedad civil, respetando sus procesos internos de selección y organización, así como el equilibrio necesario para construir consensos y acuerdos entre empresas, estados y sociedad civil.”

En ese sentido, el gobierno dominicano debe crear una comisión nacional que involucre las tres partes claves del proceso extractivo. Es decir, conformar EITI-RD, (nombre que se ha dado a la comisión). Tanto para el gobierno como para la industria minera fue fácil seleccionar sus representantes. En cambio, la sociedad civil batalló con la heterogénea composición del sector.

No fue hasta el sábado 28 de noviembre pasado cuando se logró reunir en asamblea, en el Hotel Radisson de Santo Domingo, a más de 150 organizaciones de la sociedad civil. Allí se escogieron los cuatro representantes requeridos.

Las organizaciones electas fueron, en orden decreciente de votación: Participación Ciudadana, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD, la Articulación Nacional Campesina, y el Instituto Dominicano de Contadores Públicos, IDCPA. Se utilizó el método del voto universal. 166 organizaciones procedentes de Santiago, Cotuí, Bonao, Barahona, Villa González, Pedernales, Samaná, entre otras, acreditaron delegados para votar.

De modo que la sociedad civil tiene sus representantes en EITI-RD, elegidos de manera transparente y democrática. En adelante se cierne otro desafío igual o más complicado que el anterior. Pues, monitorear y hacer contrapeso al gobierno y a las industrias extractivas no es pajita de coco.

Ser honesto en medio de tanto poder y dinero, requerirá no sólo de una buena veeduría por parte de las organizaciones escogidas, sino también de que cada agrupación supervise a sus representantes.

Resulta ineludible, a la vez, desarrollar programas de concienciación en el sentido de que las industrias extractivas no sólo son las minas de oro, plata, u otros metales de alto valor. La extracción de ámbar, larimar, e incluso, los materiales de construcción forman parte de esta industria.

La transparencia y la responsabilidad debe garantizarse, no importa el peso de los poderes que se interpongan. La práctica extractiva deberá desarrollarse ceñida a las leyes nacionales y a los tratados internacionales de los cuales el país es signatario.

El tiempo es oro, acuñó Benjamín Franklin. La transparencia, también.