Quienes defienden la transparencia del proceso sostienen que el esperado triunfo presidencial y peledeista ha confirmando las encuestas. Se sustentan en supuestas acertadas políticas asistencialistas o ponderación positiva de la población. La tanda escolar extendida, la tarjeta solidaridad, el bono gas u otros beneficios que no impactan aún en mejores niveles de vida de la población de escasos recursos.

Argumentan además, sin dejar de tener cierta razón, la debilidad de la oposición en armar una estrategia que convenciera, conquistara y venciera en las urnas al proyecto del PLD.

Otros/as atribuyen las irregularidades al uso de tres boletas de votación, apreciando como un proceso complejo que de por sí traería complicaciones para recoger los resultados.

El día de las votaciones, como siempre lleno de anécdotas. Una persona allegada se encontraba en un recinto de repente ve un grupo dirigiéndose con prisa a una misma dirección, sin gestos de violencia pero con mucho apuro: “¿Qué es lo que está pasando? –Que llegaron los cuartos”.

Los primeros días se hablaba de “irregularidades”. De fraudes electorales ya conocíamos bien con las arti mañas de Balaguer, maquiavélicamente armadas para evitar la derrota inminente. ¿Porqué acudiría a este recurso quien se percibe como ganador según las encuestas? La seguridad del triunfo era tal que no era necesario acudir a debates con demás candidatas y candidatos, declaró el representante oficialista, no obstante el descomunal despilfarro de recursos.

La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), precedida por el Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), no tardó en agregarle el calificativo de “graves” a las llamadas irregularidades: equipos no funcionaron, instalados de manera tardía, inicio de colegios a las ocho de la mañana ante los retardos ocasiones por desperfectos técnicos, falta de uniformidad en la capacitación a técnicos/as de las mesas, la propaganda política en los recintos estuvo a la orden del día, las condiciones de hacinamiento generó saturación de personas y falta de condiciones para garantizar voto secreto.

El tollo continuó con los errores de sumatoria de informes de la JCE, incluyendo el correspondiente a la Provincia de San Juan, donde los votos emitidos sobrepasaron el total de la población votante, obligando al organismo a rectificar públicamente su propio error.

Las ex candidatas y ex candidatos presidenciales han presentado un patrón de prácticas reiteradas en diferentes provincias de lo llamado hasta ese momento inconsistencia o irregularidad, calificándolo por primera vez públicamente como fraude.

El broche de oro para dar la cara lo ha dado la Junta Municipal de Santo Domingo Oeste, anunciando nuevas votaciones en diferentes niveles y en cierto número  recintos.

Triunfo de políticas con devolución del voto a favor, irregularidades o fraude, independientemente del calificativo, el retroceso institucional  y democrático ha estado más que comprobado, dejando a la población en una preocupante insatisfacción, no por la falta de triunfo de candidaturas de preferencia, sino por la pésima gestión del organismo electoral, responsable de garantizar el derecho al voto, perdiendo así credibilidad y respeto.