La oposición es reiterativa en decir que el partido político que controla la actual administración del Estado dominicano ha establecido una forma de dominación política/ideológica esencialmente centralizadora, desconocedora de los derechos de las minorías y de clara vocación continuista, casi dictatorial. Sin embargo, persiste en su indefinición e inconsecuencia de no definir una estrategia de lucha política que se corresponda con esa caracterización. Por eso, las acciones unitarias que hasta el momento ha hecho han sido de limitado impacto, al tiempo de que al interior de algunos de esos partidos se perciben signos que indican la inexistencia de unidad y las tentaciones de seguir jugando con cartas viejas.
Ante diversos reclamos de que se escogiera una Junta Central Electoral con personas absolutamente apartidistas, el partido de gobierno ha impuesto una JCE que por la forma del procediendo escogido para escogerla y por la trayectoria y talante de las personas escogidas se puede decir que, en esencia, el PLD impuso una JCE de la cual no espera que asumiría posiciones que pongan en juego cuestiones que para ese partido y el grupo conservador aglutinado a su alrededor les resultan vitales. La oposición se consuela por el hecho de que el gobierno y su partido no impusieron a Roberto Rosario, pero en realidad la real intención de aquellos era escoger una JCE con las características de la finalmente escogida.
Más que el análisis de la composición de esta junta, me interesa insistir en la necesidad de que se entienda que toda táctica política debe corresponderse con la caracterización que se tenga del adversario. Ningún régimen de fuerza, entendiendo por fuerza no solamente el ejercicio de violencia física, puede obligarse a tomar una determinada posición u opción, si quienes constituyen la oposición no exhiben o recurren un determinado nivel de demostración de fuerza. Si se entiende que estamos ante un gobierno con los niveles de intolerancia y gusto por la imposición que caracterizan a los gobiernos de fuerza, cualquier estrategia centrada en producir un diálogo con ese gobierno, sin que se tenga un mínimo de fuerza está condenada al fracaso.
La historia política está llena de ejemplos de gobiernos de fuerza que han sido obligados a negociar cuestiones claves para la oposición, incluso hasta negociar la transición hacia otro régimen político, pero eso nunca ha ocurrido sin que la oposición haya recurrido a la fuerza o incluso, a veces, a la violencia física. Ningún poder negocia nada si no lo obligan y eso no se logra en salones de reuniones ni con actos litúrgicos/religiosos. La oposición ha asumido esa suerte de sentido común de que las acciones de protestas en las calles son dañinas para la democracia, sin darse cuenta que, en toda la historia de la lucha política, han sido las calles los escenarios fundamentales para el desarrollo de la democracia.
Otra cosa, la oposición está obligada a definir una propuesta y una estrategia de lucha unitaria, donde quede claro alrededor de quién o quienes las impulsará. Lo mismo vale para determinadas organizaciones que tienen que erradicar las guerritas internas y las tentaciones de quienes persisten en seguir jugando con las viejas cartas.
