El impacto de la pandemia se sufre de manera desproporcionada en las áreas donde existe precariedad en las condiciones habitacionales como en los asentamientos informales.
En los últimos años las agendas internacionales, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Nueva Agenda Urbana, renovaron el compromiso de los países de la región con la puesta en marcha de soluciones efectivas y definitivas para el problema habitacional. La pandemia de la COVID-19 vuelve a recordar que esas agendas son urgentes y están totalmente vigentes.
A los desafíos que imponen la falta de inclusión social, la vulnerabilidad a los desastres naturales y la falta de oportunidades económicas y de competitividad, se suman los efectos de la crisis desatada por la pandemia COVID-19.
Enfrentar la pandemia hace imperativo el aprendizaje entre organizaciones y promover alianzas estratégicas para proteger y cuidar la vida de toda la población y sobre todo los expuestos a una vulnerabilidad estructural.
Ante este contexto, Urban Housing Practitioners Hub (UHPH), Cities Alliance, ONU Hábitat, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina- EUROsociAL+, la RIVHA Red de Investigadores de Vivienda y Hábitat en las Américas y la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) como Secretaría del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CCVAH), desarrollaron el Laboratorio sobre vivienda “Asentamientos Precarios y Vivienda Social: Impactos de la Covid-19 y respuestas”, con el fin de identificar respuestas a la crisis y emergencia generada por la pandemia y recoger insumos para acción pública en los asentamientos precarios de Centroamérica y la política de vivienda social, teniendo como perspectiva la promoción de un cambio estructural del contexto de desigualdades y segregación en las ciudades.
«Los hacinamientos ya existentes, donde se encuentra la carencia de los servicios básicos de salud, es donde probablemente los impactos de esta crisis serán más grandes», destacó Sergio Amaya, Comisionado Nacional de Vivienda en Honduras y Presidente Pro Tempore del CCVAH.
Por ello, la preparación y la acción temprana de gobiernos y comunidades locales es esencial basarlos en los sistemas de prevención y atención de riesgos y desastres existentes. Sin embargo, los asentamientos y los barrios en condiciones de precariedad son de alta heterogeneidad en función de sus niveles de consolidación, morfologías, localización geográfica y niveles de organización social. De modo tal que se debe evaluar los niveles de criticidad de las condiciones de hacinamiento, calidad de la vivienda, proximidad con servicios de salud, acceso a infraestructuras de saneamiento, y niveles socio económicos para diseñar una respuesta adaptada a las condiciones particulares de cada localidad. Y así, las acciones coordinadas de respuesta diferencial para prevenir la mortalidad en la pandemia deben encuadrarse como un peldaño clave del mejoramiento integral de barrios para la recuperación.
“Desde ONU-Hábitat apoyamos el trabajo colaborativo regional y hemos decidido focalizar nuestra acción de apoyo a gobiernos nacionales y locales en torno al tema de asentamientos precarios, para no dejar a nadie atrás en la lucha contra la COVID19”, manifestó Elkin Velásquez, Director Regional de ONU Hábitat.
La complejidad para enfrentar la pandemia radica en las múltiples vulnerabilidades que se deben abordar simultáneamente en múltiples escalas. Todas ellas se agudizan en barrios y asentamientos de vivienda precaria.
En el contexto de los asentamientos precarios es imprescindible conectar las instancias de gobernanza informal (líderes y organizaciones de base entre otras) con la formal, asegurando una movilización eficaz y el apoderamiento de las comunidades y una rendición de cuenta compartida en todas las fases desde la preparación y atención a la emergencia hasta la recuperación post pandemia.
En los países de América Central existe un importante déficit habitacional que contribuye a la formación de asentamientos informales, los cuales albergan aproximadamente al 29% de la población urbana. En el caso de Guatemala y Nicaragua los porcentajes son de 39 y 45 respectivamente. Estos asentamientos tienden a localizarse en zonas de riesgo a inundaciones, deslizamientos y terremotos. Asimismo, 3 de cada 10 vivienda se encuentran en zonas de alto riesgo y de los 11.3 millones de hogares estimados en 2009, el 37% tenía algún tipo de déficit cualitativo. La demanda por vivienda de calidad aumenta significativamente porque se estima que 290,00 hogares se constituyen anualmente.
«Las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19 supone pérdida de ingresos e imposibilidad de pagar el alquiler para la gran parte de la población más vulnerable. Es esencial crear resiliencia teniendo a la vivienda como eje central y como derecho humano», expresó el Alfredo Suárez Mieses, Secretario General de la SISCA.
En este marco, el acceso a vivienda asequible es limitado. La oferta de vivienda con servicios básicos y ubicada cerca de servicios e infraestructuras públicas no está al alcance de los grupos de bajos ingresos. Existen programas de créditos hipotecarios, pero estos no atienden a la población con escaso recursos.
Ante la emergencia, se vuelve imperioso planificar las acciones que se realizarán inmediatamente luego de superada la crisis sanitaria. Si bien existirá una gran presión sobre los formuladores de política para implementar acciones que reviertan la caída de la actividad económica y el empleo, no es menos cierto que las futuras medidas deben enfocarse en las zonas más afectadas que no son otras que las mayores ciudades. Por supuesto, estas acciones dependerán del espacio fiscal existente. Sin embargo, no es muy equivocado pensar que el camino para reactivar la economía y generar empleo será a través de un cambio de paradigma en la construcción de infraestructura, programas de vivienda y de desarrollo urbano integral que incorporen temas de sustentabilidad, inclusión y resiliencia. Asimismo, deberán contemplar mecanismos de financiación innovadores enmarcados en políticas que faciliten y orienten las inversiones pública y privada y que tengan como foco las necesidades de las personas y los territorios -con sus activos y fragilidades.
“Esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la cohesión social en los países latinoamericanos. El desarrollo urbano y la agenda urbana deberían encontrarse en el centro de la agenda de las políticas públicas», resaltó Sonia González, Responsable del Área de Gobernanza de EUROsociAL+.
La crisis que ha provocado la COVID-19 ha descolocado a los sistemas económicos y sociales a escala global, poniendo en evidencia que la respuesta debe ser coordinada atendiendo todos los sectores de la población. Sólo de ese modo podremos construir una salida viable y resiliente para esta fase de la pandemia.
Buscar rápidamente soluciones eficaces para mitigar el contagio, preservar la vida de individuos y grupos y garantizar el funcionamiento de las dinámicas socioeconómicas básicas de nuestras comunidades debe ser la prioridad, asegurando que ningún grupo social quede detrás. En este sentido decisiones informadas por evidencias y consideraciones de naturaleza epidemiológicas y socioeconómicas son fundamentales y constituyen el desafío mayor de la política y acción pública.
FUENTE: SICA
