La posición del PRM frente al llamado de diálogo para discutir la Ley de Partidos, constituye un aleccionador acto de firmeza e inteligencia política que coloca justo al centro el tema de las cosas que hay que cambiar para crear un clima para una participación política mínimamente competitiva. Pero, su mutismo frente a la barbaridad de los diputados de aprobar un Código Penal que reintroduce la penalización del aborto sin importar condiciones, constituye un decepcionante acto de cobardía y ceguera políticas porque, de hecho, sobre ese tema coincide con las posiciones de las fuerzas políticas e ideológicas más reaccionarias del país.

Es correcto el planteamiento del PRM de que una discusión sobre una Ley de Partidos, sólo no es conducente si no se hace en el marco de una discusión general de la cual surja un compromiso de hacer una “renovación total y consensuada de los integrantes del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y del cuerpo técnico y administrativo principal de esa institución, de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), de la Cámara de Cuentas”, Además, la aprobación de un Código Electoral que incluya una nueva ley electoral, fundamentalmente. Ese planeamiento recoge en esencia las aspiraciones de los diversos actores políticos y de la sociedad civil.

Si agregamos que el próximo Tribunal Constitucional, al igual que las mencionadas instituciones, sea integrado por personas altamente competentes y de una solvencia ética incuestionable, capaz de situarlas por encima de particulares intereses partidarios, estaríamos ante un reclamo que ponen el debate y las tareas por el adecentamiento de sistema político dominicano en una correcta perspectiva de lucha, que no puede ser dejada sólo a su proponente formal, en este caso el PRM. Ese planeamiento, por su amplitud y sentido de pertinencia obliga a la firmeza de su proponente, y a toda la oposición política y social a asumirlo como única manera de que el sistema político dominicano discurra con un mínimo de institucionalidad.

Sin embargo, inmediatamente después de dar ese paso, el PRM incurre en el dislate de marginarse del debate en torno al despropósito de los diputados que, incluyendo los suyos, acaban de aprobar una Ley tan retrograda e inhumana que, sobre la misma, en su momento el mismo presidente Medina dijo que era “necesario incluir en la ley las tres eximentes de responsabilidad en los casos de aborto terapéutico por malformación congénita, violación sexual o estupro o cuando la vida de la madre estaba en peligro”. Con su actitud, ese partido se pliega y de hecho se suma, a la ola de conservadurismo fundamentalista que en materia de religión y de irrespeto a derechos humanos inalienables que, lastrándola, se expande en esta sociedad.

Ese partido se dice socialdemócrata, pero independientemente de las inconsistencias de muchos de los partidos de esa tendencia, su mayoría asume el principio de la separación entre la religión y el Estado. Sobre este tema, el PRM no ha sido todo lo categórico que debiera ser, ha sido ambiguo e inconsistente, algo impropio de un partido que pretende ser parte principal de la pluralidad de actores que desean realmente cambiar este país.