Promover el aprendizaje en derechos humanos es una tarea de gran satisfacción. Difundir información de jurisprudencia internacional en la que situaciones de violaciones sistemáticas han sido sancionadas contra los Estados ordenando entre otras medidas reparación a las víctimas, despierta admiración en las personas participantes al entender que los compromisos internacionales de derechos humanos no son meras declaraciones enunciativas.
No faltan quienes se resistan a reconocer las posibilidades de promover transformación a través del uso de instancias internacionales. De hecho con el poco conocimiento hay quienes lo relacionan con la ignorante percepción de “traición a la patria” o “injerencia en la soberanía nacional”.
En esta lógica me referiré brevemente a las dificultades en entender la libertad de creencias. En una conversación con un joven universitario, me informaba la discusión sostenida en una aula con el profesor. Este se empecinaba en definir el feminicidio a partir de los criterios aplicados por la Procuraduría General de la República, es decir, a la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer provocada por su pareja. El profesor no planteó en forma objetiva, neutral e independiente los enfoques feministas y las críticas al criterio usado por la Procuraduría.
Simplismo, dejadez o haraganería, de forma consciente o no, su actuación conduce al autoritarismo, transmitiendo la misma estructura lógica de pensamiento a sus estudiantes sin darle oportunidad de conocer otras visiones. Por lo visto su interés era imponer su criterio anulando el pensamiento holístico en sí mismo y sus estudiantes.
Como responsable de transmitir conocimiento, tampoco respetó la libertad de pensamiento de sus estudiantes como un derecho humano,o en la capacidad de entender desde un amplio espectro, identificándose como agente en posibilidad de comprometer la obligación estatal.
Mantener el pensamiento propio en base a la lógica científica y con criterios éticos humanistas de justicia social es un compromiso de la personalidad adulta, independencia profesional y activismo social.
Entender la normativa de los derechos humanos como marco ético de relacionamiento en la cotidianidad seguirá siendo un reto civilizatorio a pesar de los compromisos ya asumidos en los convenios internacionales y los establecidos también en la Constitución de la República.