El ejercicio de una ciudadanía responsable consiste en el compromiso constante de un ciudadano que exija sus derechos y honre sus deberes constitucionales. Eso lo entendieron miembros de más de 30 organizaciones sociales de la provincia de Santiago que participaron en el “Primer Foro Regional por la participación social en la formulación del presupuesto 2020”, una formidable oportunidad para generar una visión crítica y propositiva de los espacios de participación comunitaria en la transparencia y eficiencia de la inversión pública.

Una clarinada que señala la inexistencia de espacios abiertos e inclusivos de participación de la ciudadanía en la etapa de formulación del presupuesto nacional en la República Dominicana. Se trata de que los ciudadanos y ciudadanas conozcan y se integren a los cronogramas y etapas que constitucionalmente deben cumplirse en el proceso de formulación del Presupuesto del Estado, haciendo parte a los individuos de manera responsable, respetando las leyes, priorizando las demandas de sus comunidades y velando por el bien común.

Una conducta ciudadana comprometida se sobrepone a la agenda individual, para establecer demandas colectivas como prioridades. El ejemplo de este Foro sirve de mensaje a quienes tienen inquietudes sociales y buscan evitar la indiferencia política, el conformismo y la intolerancia, generadora de males sociedades tanto en lo político como en lo económico. Demuestra además que esta participación de la ciudadanía en el proceso presupuestario es un ejercicio democrático de primer orden, en el cual se le da poder a la gente en la toma de decisiones sobre el uso y prioridades de los recursos públicos que, de por sí, son posibles gracias a los impuestos que pagan.

El “Primer Foro Regional por la participación social en la formulación del presupuesto 2020”, dejó lecciones importantes no solo en quienes participaron, sino en quienes hemos visto el consciente desprendimiento de un grupo, significativo cualitativo y cuantitativamente, que demanda se habilite el funcionamiento real de los Consejos Municipales y Provinciales de Desarrollo como auténticos mecanismos de participación de la ciudadanía en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional y los proyectos decididos de manera consensuada, de acuerdo con la Ley y los reglamentos para tales fines.

Las conclusiones fueron presentadas en un valiente “Manifiesto por la participación ciudadana en el Presupuesto General del Estado 2020 de República Dominicana”, grito que debe hacer eco en las paredes de la conciencia nacional, pues no se trata de una queja, sino de un aporte, un sacrificio por la comunidad, por el municipio, por la provincia, la región, la macroregión: sus necesidades y la transparencia, esa real y no de formas. La transparencia que se construye con confianza y que no depende un “checklist”, en frías plataformas digitales.

Se avanza pero falta un largo y significativo trecho. Por eso el documento ha sido suscrito por organizaciones de mujeres, comunitarias, estudiantiles y no gubernamentales que trabajan en temas de desarrollo territorial. Un texto que debe ser ponderado, que busca respuestas pero propone soluciones a los porqués del gobierno dominicano no abre las puertas a la participación de la ciudadanía en la etapa de formulación del presupuesto nacional, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales y con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, entre otras disposiciones legales.

El Foro Regional por la participación social en la formulación del presupuesto 2020, condensó las largas jornadas de ponderaciones y de ejercicios conceptuales en estos nueve puntos:

1. Que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES),habiliten un mecanismo piloto de participación de la ciudadanía en la determinación de sus prioridades locales y regionales, iniciando con la inclusión en el calendario presupuestario actividades de consulta ciudadana directas y vinculantes en Santiago y Cibao Norte durante la presente etapa de formulación del Presupuesto 2020.

2. Que tras la realización de la referida consulta ciudadana, MEPyD y la DIGEPRES provean una oportuna retroalimentación sobre cómo se integraron las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación del presupuesto 2020. Esto sería un proceso que avance hacia un modelo de Presupuesto Participativo Nacional (PPN).

3. Que se habilite el funcionamiento real de los Consejos Municipales y Provinciales de Desarrollo como auténticos mecanismos de participación de la ciudadanía en el proceso de formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional y los proyectos decididos de manera consensuada, de acuerdo con la Ley y los reglamentos para tales fines.

4. Que los 18 diputados y el senador de la provincia, a fin de defender los intereses de los municipios y sus diferentes comunidades, prioricen en el período mayo-agosto 2019, encuentros con la ciudadanía para conocer las prioridades de Santiago que deberán proponerse y defenderse cuando el proyecto de presupuesto 2020 sea presentado en la agenda del Congreso Nacional.

5. Que sean incluidas en el presupuesto2020 las apropiaciones presupuestarias para obras vitales para nuestras comunidades, entre las cuales se destacan el Acueducto de Baitoa, la terminación del Hospital José María Cabral y Báez, la habilitación de los planteles escolares, las marginales de la Circunvalación Norte y sistemas cloacales en varios municipios.

6. Que se destine una mayor inversión estatal y mejor calidad del gasto en salud, como la ha estado demandando la Alianza Por el Derecho a la Salud (ADESA), específicamente para personal, medicamentos, construcción y equipamiento de los centros de salud para la atención primaria en la provincia.

7. Que se destinen mayores recursos para enfrentar el déficit de viviendas para sectores de bajos ingresos de la provincia Santiago.

8. Que se cumpla con el mandato de la Ley 166-03 que establece los recursos que deben ser trasferidos a los ayuntamientos.

9. Que en el Presupuesto Nacional se especialicen los recursos necesarios para apoyar programas de seguridad ciudadana y reducción de la violencia y criminalidad en nuestros municipios.

Para ejercer una ciudadanía responsable, lo hemos dicho, es elemental la participación del individuo en las diferentes actividades y tareas que contribuyan al desarrollo cultural, económico, político y social, transformadoras de su entorno. Esto solo es posible si existe una la democracia madura y sana, que ayude a superar lo que teóricos han denominado la ingenuidad del “civismo”. En eso creemos. En eso apostamos.