Aspectos políticos y electorales
1.1 Antecedentes que marcaron el 2020
La República Dominicana ha enfrentado en este 2020 uno de los años más difíciles y complicados de los últimos tiempos en todos los frentes, y de manera particular en el plano político electoral.
Para hacer un balance adecuado de este año en materia político electoral debemos necesariamente hacer un preámbulo retrocediendo al último semestre del 2019, el cual fue marcado por los conflictos internos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre el tres veces presidente de la República y presidente del partido, Doctor Leonel Fernández y el entonces presidente de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez.
Durante el 2019 fue clara la intención del presidente Medina de producir una modificación constitucional que levantara la prohibición que tenía de aspirar a un tercer mandato continuo, teniendo de frente no solo a su compañero de partido, Leonel Fernández, sino además a gran parte de la población. Participación Ciudadana en un acto de coherencia con su trayectoria cerró fila y activó en contra de la modificación constitucional con tales propósitos.
Las aspiraciones continuistas fueron derrotadas y el presidente Medina puso los recursos del Estado a favor de Gonzalo Castillo, dejando atrás a veteranos políticos con mucho más méritos, pero que le generaban menos confianza. Esto fue deteriorando la base de apoyo con la que siempre contó en su propio partido.
El país estrenaba nuevas regulaciones de partidos y electorales contenidas en las leyes No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y No. 15-19 Orgánica de Régimen Electoral. Con el paso de los meses ambas leyes demostrarían serias deficiencias, algunas corregidas por el Tribunal Superior Electoral y por el Tribunal Constitucional y otras que aguardan las modificaciones pertinentes por el Congreso. A esto se suma la inercia o falta de voluntad de la Junta Central Electoral (JCE) en aplicar las disposiciones que le permitían regular las campañas y controlar el uso de recursos públicos durante las mismas.
Un factor que inició en el 2019 y que marcaría fuertemente el 2020 fue la decisión de la JCE de utilizar un sistema de votación y escrutinio que denominó “sistema automatizado”, pero que realmente era un sistema electrónico. A pesar de las advertencias, obvió el compromiso de auditar el sistema antes de su uso y siguió adelante, estrenándolo en las primarias de octubre de 2019 y preparándose para utilizarlo en las elecciones municipales de febrero de 2020.
Durante la campaña electoral de las primarias del PLD hubo un desbordamiento en el uso de fondos públicos a favor del precandidato Castillo en un anticipo de lo que marcaría los procesos electorales del 2020.
El uso de los recursos del Estado, la compra de votos, el voto de personas que llegaban luego del cierre de los comicios, permitió que Gonzalo Castillo se alzara con la candidatura por el PLD, pero demostró que el partido estaba dividido en dos. Esta situación llevó a Leonel Fernández a renunciar a su partido e integrarse a uno minoritario, al que convirtió en su base política con fines electorales. De esta manera se preparó el escenario político electoral para el año 2020, durante el cual debían celebrarse las elecciones municipales en febrero, y las congresuales y presidenciales en mayo, terminado las municipales suspendidas y celebradas el 15 de marzo y las congresuales y presidenciales el 5 de julio.
1.2 Se deteriora la credibilidad de la JCE
La campaña electoral para las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, volvió a reeditar la tremenda inequidad de los torneos electorales donde el partido de gobierno usa los recursos del Estado a favor de sus candidatos, lo que fue denunciado en múltiples ocasiones por Participación Ciudadana y por partidos de oposición.
En un hecho sin precedentes, las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, ya iniciadas las votaciones debieron ser suspendidas debido a la comprobación de que una parte relevante de las candidaturas no subían a la boleta electrónica desde muy temprano el día de los comicios. Este hecho, comprobado por los observadores de Participación Ciudadana, así como por la observación internacional y por la propia Junta Central Electoral, obligó a ésta última a suspender las elecciones y reprogramarlas para el 15 de marzo siguiente.
Aunque no pudo detectarse intención fraudulenta en lo ocurrido, si se pudo comprobar una seria negligencia en el órgano electoral que socavó seriamente su credibilidad y condenaba el futuro del sistema automatizado que se pretendía establecer. Las elecciones municipales pudieron realizarse el 15 de marzo sin mayores inconvenientes técnicos, pero siempre en un marco de uso y abuso de los recursos del Estado sin que la Junta Central Electoral pusiera coto a esta situación.
1.3 Campaña presidencial: corrupción y pandemia
Los resultados de las elecciones municipales favorecieron a la oposición, lo que ejerció más presión sobre el partido oficial, el cual intensificó el uso de los recursos del Estado y para cuya comprobación bastaba una auditoria visual.
Usar los recursos del Estado en las campañas electorales ha implicado siempre intensificar la corrupción administrativa, pues los fondos para esas campañas provienen en buena parte de actos de corrupción. Un factor que explica los resultados electorales del 2020 ha sido el cansancio de la ciudadanía ante la presencia evidente de la corrupción que afectaba sobre todo al partido oficial. La Marcha Verde desde 2017 en adelante, los cacerolazos, las actividades de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, entre otras movilizaciones de la ciudadanía mostraron claramente que la corrupción sería un factor que tomarían en cuenta los electores y así lo reflejaban las encuestas más acreditadas.
Las elecciones congresuales y presidenciales fueron pospuestas para el 05 de julio debido a la irrupción de la pandemia del COVID-19, lo que obligó a reformular la forma de hacer campaña, a fin de evitar la aglomeración de personas y el contagio de la enfermedad. Participación Ciudadana también tuvo que tomar medidas para prepararse para una observación electoral en medio de la crisis sanitaria.
1.4 Atentados contra el voto en el exterior
Una de las dificultades más serias que se debió enfrentar para las elecciones congresuales y presidenciales, fue la del voto en el exterior. La Junta Central Electoral se preparaba claramente para excluir el voto en el exterior debido a la pandemia, entendiendo que no había condiciones para ejercerlo, y por eso no incluyó en su proclama para el inicio de la campaña electoral presidencial y congresual los territorios de ultramar.
Debió iniciarse una fuerte resistencia por parte de los dominicanos de la diáspora, apoyada por partidos políticos y sociedad civil para que finalmente la JCE incluyera la votación en el exterior. Sin embargo, lo hizo tardíamente, lo que unido a dificultades en el padrón redujo significativamente la votación en el exterior, alcanzando una abstención de un 78.21%, superando la del año 2016 que fue de un 54.96%.
1.5 No se persiguieron los delitos electorales
Durante los procesos electorales del 2020 se mantuvo la ausencia de persecución de los delitos electorales, a pesar de que la compra de votos y cédulas fue nuevamente comprobada por todos los observadores con Participación Ciudadana a la cabeza, a través de su observación electoral cualitativa.
Fue evidente la violación de los topes de contribución a las campañas electorales, lo que quedó corroborado posteriormente con los propios informes de los partidos políticos, sin que la Junta Central Electoral interviniera, ni se iniciara una investigación al respecto.
Aunque la nueva Ley de Régimen Electoral, creó la Procuraduría Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos Electorales, fue notoria la resistencia del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien se negó a establecerla para las primarias de octubre de 2019. Luego, debido a la presión ejercida desde la sociedad civil y los partidos de oposición, fue designada la magistrada Gisela Cueto al frente de dicha procuraduría, sin que se le otorgaran las facilidades y herramientas que le permitiesen desempeñar su labor.
1.6 Buena labor de los Tribunales Superior Electoral y Constitucional
Debe destacarse que durante el 2020 el Tribunal Superior Electoral, continuó realizando una buena labor, decidiendo centenares de casos de impugnaciones originadas durante las primarias de octubre de 2019, así como de las elecciones municipales de marzo de 2020.
La cantidad de impugnaciones que provenían de las primarias de 2019 fue de tal magnitud que atrasó los trabajos de la Junta Central Electoral en la conformación de las boletas para las elecciones municipales de 2020, pues era indispensable primero decidir tales impugnaciones antes de conformar las boletas.
La independencia exhibida por el Tribunal Superior Electoral, generó presiones sobre este órgano, especialmente sobre su presidente, el Magistrado Román Jáquez Liriano, quien fue interceptado en plena calle por autoridades militares y despojado de su chofer y escolta, sin que ninguna autoridad ofreciera una explicación razonable de los motivos de este grave atentado contra una persona de su investidura.
Por su lado, el Tribunal Constitucional, debió decidir varios casos de inconstitucionalidad de disposiciones de las leyes de partidos y de régimen electoral, lo que contribuyó a paliar las deficiencias que contienen estas leyes. Una de estas sentencias ratificaba otra dada por el Tribunal Superior Electoral, fijando que la proporción de las candidaturas de género debía determinarse por demarcación y no de la propuesta nacional, lo que implicó un importante avance en la lucha por la equidad de género.
1.7 Elecciones congresuales y municipales en medio de la pandemia
A pesar del COVID-19 se pudieron celebrar elecciones presidenciales y congresuales el 05 de julio de 2020, con un padrón electoral integrado por 7,529,932 electores/as que disputaban 264 cargos. La votación ascendió a 4,163,275 para una participación de 55.29% y la abstención llegó a 44.71%.
No hubo dificultad para el conteo de los votos para el nivel presidencial y vicepresidencial, ganando los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, Luis Abinader Corona y Raquel Peña con un 52.525 de los votos siendo esta la primera vez que ese partido alcanza la presidencia de la República.
El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo un 37.46% sin aliados, reflejando claramente los efectos de la división que sufrió cuando abandonó sus filas el expresidente Leonel Fernández, quien participó en las elecciones como candidato de la Fuerza del Pueblo (FP), obteniendo un 5.69%.
A nivel senatorial el PRM obtuvo 18 senadores, alcanzando mayoría absoluta en dicha cámara, pero no las dos terceras partes que se requieren para aprobar leyes orgánicas o adoptar determinadas decisiones, por lo que deberá concertar con otros partidos cuando se presenten tales casos. El PLD obtuvo seis senadores, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) cinco, y los partidos Dominicanos por el Cambio (DxC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y la Fuerza del Pueblo, uno cada uno.
En la Cámara de Diputados, luego de contar los votos en forma presencial, en la Junta del Distrito Nacional en un procedimiento que se extendió por varios días, el PRM obtuvo 90 y con aliados 97 curules, que no le permiten alcanzar la mayoría absoluta en solitario. Por su lado el PLD obtuvo 74, el PRSC 6, FA 2, la Fuerza del Pueblo 4, el BIS 1, AlPaís 1, el PRD 3, la APD 2, el PHD 1, el PLR 1, el PRSD 1 y el PPC 1.
Sin embargo, luego de las elecciones y en acuerdos que, aunque eran objeto de rumor público, no eran conocidos oficialmente por los electores, varios senadores y diputados electos del PLD renunciaron a este partido y fueron a formar filas en la Fuerza del Pueblo, variando la correlación de fuerzas en las cámaras legislativas. De esta manera la Fuerza del pueblo pasó a tener de uno a ocho senadores y el PLD solo dos, así como en la Cámara de Diputados el PLD bajó a 69 diputados y la Fuerza del Pueblo subió a por lo menos once.
1.8 Un nuevo gobierno en medio de una crisis de salud y económica
El 16 de agosto del 2020 fueron juramentados todos los funcionarios electos. El gabinete designado por el presidente Luis Abinader Corona, anunciado con anticipación, generó la confianza necesaria para un inicio adecuado de su gobierno en medio de la pandemia y la crisis económica provocada por ésta.
El punto más luminoso del inicio fue la designación de la magistrada Miriam German Brito como Procuradora General de la República, y de la magistrada Yeni Berenice Reynoso como su adjunta en cumplimiento de su promesa de escoger personas independientes para tales funciones.
El tema de la ética gubernamental y la lucha contra la corrupción es una de las promesas de campaña del presidente Abinader, quien también ha anunciado que se designarán personas independientes de los partidos políticos en la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y las altas cortes como ya lo hizo igualmente en la Junta Central Electoral, donde declinó apoyar a un candidato miembro de su partido.
Cerrando el año se evidencian los frutos de las designaciones de personas independientes en el Ministerio Público con las medidas de coerción aplicadas a 11 personas imputadas de coalición de funcionarios públicos para violar la ley, falsedad en escritura pública, prevaricación, estafa contra el Estado y lavado de activos, entre exfuncionarios públicos y dos hermanos del expresidente Danilo Medina, lo que motivó la reacción del PLD y del propio expresidente. Sin embargo, la solicitud y las pruebas sometidas por el Ministerio Público comprometen seriamente a los imputados y justifican las medidas de coerción impuestas, generando la esperanza de que los expedientes de corrupción serán finalmente bien preparados con la finalidad de atacar seriamente la impunidad que favorece la expansión de la corrupción.
La economía dominicana en el 2020
La pandemia por el COVID-19 tuvo un profundo impacto económico en la República Dominicana durante el 2020. Las medidas de contención tomadas internamente ocasionaron cierre de empresas y suspensión temporal o permanente de empleos, afectando la economía en sentido general. De su lado, el importante sector externo se contrajo por el impacto que sufrieron, de forma particular, las exportaciones y el turismo.
Esta última actividad es de alta importancia en la economía dominicana debido a que es la principal fuente de generación de divisas y de empleo; y representa, de forma directa e indirecta, alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país. A pesar de los esfuerzos realizados en la última parte del año para mejorar las condiciones de oferta durante la temporada alta, la demanda por turismo se mantiene baja en el mundo. La aprensión natural de las personas a viajar hasta que no exista una vacuna, así como las medidas de contención adoptadas en países emisores de turistas durante la época de invierno, continuaron impidiendo la recuperación del sector.
Tanto las exportaciones nacionales no minerales como las de las zonas francas, se contrajeron en 2020. El aumento en el precio internacional del oro como consecuencia de las medidas monetarias expansivas de las principales economías del mundo, y de la incertidumbre ocasionada por la pandemia, permitió un incremento en las exportaciones dominicanas del metal precioso.
De forma inesperada, las remesas familiares provenientes de los Estados Unidos crecieron más de lo que podía ser previsto en medio de la pandemia. De su lado, la disminución en el precio internacional del petróleo fue otro elemento que contribuyó a compensar la pérdida de divisas por turismo, exportaciones no minerales y de zonas francas, así como el menor ingreso de recursos provenientes de inversión extranjera directa.
La caída en la generación de divisas tuvo el efecto esperado en la depreciación del tipo de cambio y, en consecuencia, sobre la reducción de las reservas internacionales netas. La pérdida de valor del peso dominicano frente al dólar estadounidense también estuvo estimulada por la política expansiva adoptada por las autoridades monetarias. Durante 2020, los agregados monetarios alcanzaron elevados niveles de crecimiento. Tal es el caso de los billetes y monedas en poder del público y de la oferta monetaria ampliada (M2); en ambos casos, los niveles de crecimiento interanual alcanzados fueron comparables a niveles verificados durante la crisis financiera de 2003-2004. La expansión de los agregados monetarios fue resultado de la política de reducción en las tasas de interés promovida por las autoridades, así como por la inyección de liquidez por diferentes vías, entre las que se encuentra la liberalización de recursos del encaje legal de los intermediarios financieros.
La política monetaria expansiva tuvo un efecto limitado sobre el crecimiento del endeudamiento privado, a pesar de la reducción en las tasas de interés. Era previsible que las facilidades creadas fueran aprovechadas para refinanciar deuda y no para préstamos que pudieran expandir la economía, dadas las condiciones de contracción generalizada imperante que no favorecían los nuevos emprendimientos o la expansión de los existentes. Como consecuencia de la política monetaria, aumentó el margen de intermediación de las instituciones financieras. De hecho, la tasa pasiva real, ajustada por el nivel de inflación, pasó a ser negativa. Es decir, se creó un escenario de menor incentivo al ahorro en pesos dominicanos, algo poco favorable para el mismo sistema financiero y para la economía en sentido general.
Al inicio de la pandemia, las autoridades tomaron medidas con la intención de tratar de controlar la propagación local del virus que ocasiona la COVID-19. Desde el 17 de marzo fueron anunciadas las decisiones de cierre de fronteras y de actividades económicas, así como la restricción a la movilidad de las personas internamente. La mayoría de las restricciones fueron desmontadas de forma gradual durante el año. Sin embargo, todavía permanecen algunas actividades económicas con limitaciones y se mantienen las prohibiciones a la movilidad de personas en horas nocturnas.
Junto con la implementación de las medidas de contención, las autoridades crearon programas de asistencia para hogares (Quédate en casa), para profesionales independientes (Pa’ ti) y de subsidio a las nóminas de empleados de las empresas formales (FASE 1 y FASE 2). La contracción de la economía como resultado de las medidas locales de contención, el impacto sobre el sector externo y la ausencia de reformas estructurales que ayudaran a incrementar la productividad interna, crearon un ambiente en el cual los programas de transferencias se hicieron indispensables para disminuir la severidad de la crisis sobre la ciudadanía. Una forma de alivio, pero financiada con dinero de los mismos contribuyentes que crea una dependencia adicional de la ciudadanía de las decisiones del ámbito público.
En el aspecto fiscal es necesario resaltar que fueron realizadas dos reformulaciones a la Ley de Presupuesto General del Estado 2020 que había sido promulgada en diciembre de 2019. La primera de estas modificaciones se promulgó en junio y la segunda en septiembre. El nuevo presupuesto para el año 2020 contiene el incremento en el gasto resultado de: 1) suspensión de las elecciones municipales de febrero, 2) creación de los programas de asistencia para la pandemia, 3) aumento del gasto en salud, 4) incremento en el gasto en educación para iniciar el año escolar bajo nueva modalidad a distancia, 5) gasto adicional en vivienda y 6) transferencia dirigida al Banco Agrícola para financiamientos a tasa cero a productores. Estos son los principales factores que aumentaron el gasto en más de RD$167,000 millones con relación al presupuesto original.
El efecto de la pandemia sobre las recaudaciones ha sido significativo, al punto de que los ingresos fiscales caen en más de RD$140,000 millones en el año 2020 de acuerdo con la última modificación presupuestaria. La reducción sería superior de no incluir ingresos extraordinarios estimados por las autoridades en más de RD$30,785 millones. La mayor parte de estos ingresos fueron transferencias del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) por RD$13,250 millones, y del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER) por RD$6,000 millones.
El resultado fiscal de 2020 representa un déficit importante, tanto en términos nominales como en porcentaje del PIB. El déficit fiscal de 2020 superaría los RD$418,000 millones, más de RD$308,000 millones con relación al presupuesto original. La combinación del aumento del déficit y la contracción del producto llevaría el déficit a un record histórico de 9.3% del PIB solo para el gobierno central. El déficit consolidado, incluyendo el sector público no financiero y el Banco Central de la República Dominicana, sobrepasaría el 10% del PIB. El financiamiento del déficit del gobierno junto con las demás necesidades de financiamiento, representan un endeudamiento superior a los US$10,500 millones.
El nivel de la deuda consolidada, es decir, la suma de la deuda de sector público no financiero más la del Banco Central de la República Dominicana se sitúa en niveles históricos muy altos cercanos a la cota de 70% del PIB. De igual forma, la razón que mide la proporción del gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios alcanzaría el 30% de acuerdo con la última modificación presupuestaria para 2020.
En diciembre la República Dominicana, realizó una operación de recompra de bonos que tenían un vencimiento en los años 2021, 2024 y 2025. La transacción fue realizada con recursos obtenidos de una emisión para sustituir bonos soberanos con vencimiento en el año 2032. Con esta operación se reducirá el pago en amortización de bonos, se prolongará la vida promedio de la deuda dominicana y se reducirá el pago en intereses de la deuda. Las expectativas están enfocadas en que a los recursos ahorrados se les proporcione el mejor uso alternativo posible.
De igual forma es preciso señalar otro aspecto positivo y es que la calificación crediticia del país fue mantenida durante el 2020. La última de las calificadoras de riesgo que ratificó su calificación fue la firma Standard and Poor’s a inicios de diciembre. La firma advirtió, sin embargo, la necesidad del país de realizar reformas estructurales dado el deterioro de las finanzas públicas luego del 2020. El riesgo de no asumir reformas estructurales se encuentra en el posible encarecimiento de la deuda dominicana, algo delicado dada la dependencia actual del endeudamiento público, pero también la ausencia de reformas alargaría la recuperación económica y limitaría el desarrollo futuro.
Transparencia y corrupción en 2020
En el 2020 la transparencia pública, tanto del gobierno central, el Congreso, el Poder Judicial y demás órganos constitucionales ha sido restringida, principalmente por la escasez de información financiera relativa a los gastos ordinarios ejecutados y, especialmente, sobre los extraordinarios por motivo de la pandemia.
En la gestión de gobierno que terminó el 16 de agosto, presidido por Danilo Medina, si bien se cumplió con el mandato constitucional y legal (Ley 21-18) de enviar al Congreso de la República un informe cada 15 de días de los estados de emergencia, las informaciones contenidas en los mismos eran muy generales, sin dar información precisa sobre lo ejecutado.
En esa misma práctica de restricción informativa ha caído el nuevo gobierno presidido por Luis Abinader, el cual en sus informes quinto, sexto, séptimo y octavo al Congreso Nacional copia el mismo esquema del gobierno anterior, con la debilidad adicional de que muchos aspectos tratados se refieren a ideas, proyectos y futuras ejecuciones, lo que se sale del mandato de la Ley 21-18 que ordena a informar de lo ejecutado.
En los ocho informes remitidos al Congreso Nacional desde el mes de abril, no se incluye, por ejemplo, los montos pagados a los laboratorios privados por la realización de las pruebas de PCR, asumidas por el gobierno. Se desconoce las erogaciones mensuales de los programas de asistencia Quédate en casa, FASE I, FASE II y Pa’ Ti. En cuanto a los gastos en recursos humanos, medicamentos, compras de equipos e insumos médicos para atender los efectos de la pandemia, así como para dar respuestas a otras enfermedades que han sido desatendidas, no se ha dado un informe al respecto para determinar el esfuerzo realizado y las debilidades del sistema de salud.
Se ha reclamado, de igual modo que se publique un consolidado de todas las ayudas financieras en equipos y materiales realizadas por organizaciones internacionales (OMS, OPS, BIEC), gobiernos, empresas, personas, etc., así como destino y uso, pero hasta el momento se desconoce ese estado de situación.
De alto interés es conocer la administración y ejecución de los presupuestos complementarios aprobados en este año. El primero en el período del Presidente Medina por 151,000 millones, y el segundo en el nuevo gobierno del Presidente Abinader por 202,000 mil millones para un total de 353,000 millones de pesos, ambos en base a deuda pública, sobre los cuales no hay información consolidada publicada al mes de noviembre, y cuyo detalle debe incluirse en los informes que se envían al Congreso, pues tales presupuestos complementarios han sido aprobados por la pandemia y los estados de emergencia.
El Congreso sigue sin asumir sus funciones constitucionales de fiscalización y control de la recaudación e inversión de las rentas públicas. Tampoco ha conocido el informe de ejecución presupuestaria del gobierno correspondiente al 2019, elaborado por la Cámara de Cuentas y entregado en el mes de abril 2020.
3.1 Corrupción se eleva en medio de elecciones y de la pandemia
La corrupción sistémica experimentó un aumento en los meses finales del gobierno pasado. Dos escenarios fueron utilizados para ese despropósito: las tres votaciones realizadas y los estados de emergencia a causa del COVID-19.
Los gastos con fondos de algunos de los partidos políticos y sus candidatos se caracterizaron por el exceso y la falta de transparencia, en violación a las Leyes 33-18 y 15-19, con los cuales la Junta Central Electoral fue muy permisiva y complaciente. En este aspecto cabe destacar cómo se permitió que los principales partidos recibieran fondos de empresas privadas, conjuntamente con los fondos públicos, lo que es contrario a la Ley.
Los gastos gubernamentales en publicidad, el aumento injustificado de la nómina pública, facilidades financieras en el banco del Estado, contratos de obras excesivos para financiamiento indirecto de las campañas, entre otros medios, fueron utilizados para favorecer al partido oficial y a su candidato. Resaltó la contratación irregular de varias compañías para asfaltar calles a la carrera por más de 11,000 millones de pesos, y los enormes gastos irregulares e improvisados en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, realizados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Por otra parte, las compras de emergencia, una forma habitual que se ha venido usando para burlar la Ley 340-06 se elevaron extraordinariamente a partir del mes de marzo en el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y otras instancias, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia INAIPI. Más de 2,000 millones de pesos se vieron comprometidos, reduciéndose el despropósito de la estafa a los fondos públicos, gracias a la labor de varios medios de comunicación y a la denuncia pública.
Las informaciones que se ofrecían en la página web de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) eran insuficientes, no especificando la cantidad total a comprar, ni por renglón, ni la descripción de los equipos y bienes, marcas, nomenclatura o numeración reconocida a nivel internacional, el precio por unidad, así como los nombres de las empresas, ubicación, registros y solvencia que permita determinar su idoneidad. Esas carencias y tolerancias facilitaron una amplia red de corrupción en contra del dinero del pueblo, tal como salió luego a relucir en expedientes que al final del año están siendo conocidos en los tribunales.
Preocupa que la nueva administración no ha iniciado la aplicación correcta de la Ley 105-13 de regulación y equidad salarial en el gobierno, existiendo en la actualidad sueldos que exceden los límites que esa Ley establece, y en otros casos improcedentes y privilegiados de acuerdo al Manual de Cargos del Estado.
Igual preocupación debe ser externada con los crecientes gastos de publicidad innecesaria de parte del nuevo gobierno, cuyo Presidente y su partido prometieron que solo se acudiría a la propaganda informativa y de orientación ciudadana.
En este año, la contribución al control de los recursos públicos por la Cámara de Cuentas ha sido raquítica. Sus auditorías, investigaciones especiales e informes siguieron siendo escasos, tardíos y de baja calidad. Aún se espera su informe de la sobrevaluación de las obras de ODEBRECHT y la auditoria del ministerio con más presupuesto; el de Educación, cuyo último año auditado fue el 2010.
3.2 Acciones alentadoras
La decisión en el gobierno pasado de establecer una comisión de veeduría para los gastos en el sector salud fue adecuada, sin embargo, estas acciones fueron tardías luego de los escándalos producidos.
En cuanto al nuevo gobierno, hay que valorar como positivo la firma el 16 de agosto en el Palacio Nacional del “Compromiso ético”, elaborado por la Dirección General de Ética Gubernamental. De igual modo, el empeño mostrado para que los funcionarios públicos hicieran sus declaraciones juradas de patrimonio, así como que, por primera vez, se suspendieran aquellos que no lo hicieron.
La justicia en el 2020
El 19 de marzo del presente año, el Congreso Nacional autorizó al Presidente de la República a declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional, por lo que el sistema de justicia de la República Dominicana se vi afectado, y en consecuencia limitó los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial al disponer la suspensión de las labores administrativas y jurisdiccionales, incluyendo los plazos procesales, registrales y administrativos para todos los organismos dependientes. Esto provocó la implementación inmediata de la virtualidad, proceso que estaba previsto a ser aplicado paulatinamente, acompañado de ciertas modificaciones a normativas procesales como parte del Plan Estratégico 2020-2024 del Poder Judicial.
El Consejo del Poder Judicial, durante el primer trimestre del año, dispuso únicamente el funcionamiento de las Oficinas Judiciales de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal en todo el país, que además de las atribuciones ordinarias recibieron los casos de urgencia tendentes a la protección de derechos fundamentales mediante el hábeas corpus y las acciones de amparo, prestando sus servicios con el mínimo de personal requerido y con las mayores medidas de prevención a los fines de evitar el contagio del COVID-19.
De acuerdo a informaciones suministradas por el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia falló un total de 5,359 expedientes que fueron conocidos durante los meses de marzo a agosto del 2020, durante la situación sanitaria que vive el país debido a la pandemia.
Mediante la resolución número 04-2020 de fecha 19 de mayo de 2020, fue aprobado el Plan de Continuidad de las Labores del Poder Judicial, mediante el cual se indican las pautas esenciales para la reapertura jurisdiccionales y administrativas. Con la resolución número 04-2020, quedó trazada una desescalada para el regreso a la nueva normalidad de los servicios judiciales y de todos los órganos administrativos del Poder Judicial en tres etapas: la fase inicial que comenzó el 1ro de junio, la fase intermedia el 1ro de julio; ambas totalmente virtuales. Para los casos en que se verificó una imposibilidad para la virtualidad o que el uso de la tecnología no permitió garantizar las formalidades sustanciales vinculadas al debido proceso y la tutela judicial efectiva, el conocimiento del caso pasó a la fase avanzada en la que se inició el conocimiento presencial de los asuntos, cuya fecha de inicio fue pautada para el 1ro de octubre 2020.
La situación del sistema judicial virtual, suscitó denuncias, reclamos y una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo que culminó con la sentencia 0030-02-2020-SSE-00274 que ordenó la reapertura de las labores presenciales en los tribunales.
El Consejo del Poder Judicial, informó mediante comunicado que procedía a dar cumplimiento a la sentencia indicada, no obstante, ya se había activado la fase avanzada de la desescalada y se estaban habilitando los tribunales que podían garantizar el distanciamiento social. Al mismo tiempo, el Consejo de Poder Judicial interpuso un Recurso de Revisión y una Demanda en Suspensión indicando que existen razones constitucionales que ameritan una revisión por parte del máximo intérprete de la Constitución para no afectar el orden constitucionalmente establecido, y en el caso de la demanda que procura la suspensión de la decisión, explicaron que la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena la apertura de todas las sedes del Poder Judicial no contempla que algunas no cuentan con la infraestructura para mantener el distanciamiento físico requerido por el COVID-19, lo cual pone en riesgo la salud de los jueces, servidores administrativos y usuarios judiciales.
En cuanto a los servicios virtuales, el Consejo del Poder Judicial, indicó que se mantiene la opción, no obligatoria, de acceso a través del portal http://www.serviciojudicial.gob.do para que las y los usuarios puedan realizar todas las solicitudes sin necesidad de trasladarse a las sedes, y así prevenir la aglomeración de personas y los contagios por el COVID 19.
La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados se reunió con el Presidente del Consejo del Poder Judicial en fecha 15 de octubre 2020, y en dicha reunión trataron los temas relacionados a las acciones implementadas en los últimos meses en el Poder Judicial.
Con la virtualidad la pandemia no debe ser una excusa para el cúmulo de trabajo, el éxito depende directamente de la implementación de soluciones digitales, simplificación, eficientización y estandarización de procesos, así como la asignación de presupuesto. Y a los fines de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los servicios judiciales deben estar disponibles tanto de forma virtual como presencial.
El Ministerio Público
En el ámbito del Ministerio Publico producto de un concurso interno irregular para la escogencia de los titulares de procuradurías de cortes regionales, procuradurías especializadas, fiscalías y abogados del Estado, 18 fiscales miembros activos del Ministerio Público depositaron un recurso contencioso-administrativo demandando la nulidad de las bases del concurso interno. En ese sentido, Participación Ciudadana, depositó un escrito de intervención voluntaria para procurar la nulidad del concurso interno del Ministerio Público. A la fecha está pendiente la decisión del TSA sobre el asunto.
La designación de la nueva Procuradora General de la República, Magistrada Miriam German y de los Procuradores Generales Adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso ha sido muy bien valorada por los ciudadanos, puesto que son personas de amplia y reconocida trayectoria profesional que garantizan el respeto del ordenamiento jurídico y el clamor de justicia independiente. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fue fortalecida de 6 a 25 fiscales, así como con la contratación de expertos en diversas áreas como contabilidad, tecnología y finanzas con el objetivo de reforzar las investigaciones y procesamiento de la criminalidad organizada, en especial de delitos como la corrupción y el lavado de activos, enviando una señal de enfrentar los presuntos actos de corrupción.
El momento histórico en que se encuentra el Ministerio Público exige mayores recursos para dotarlo de personal idóneo, capacitado, infraestructura, equipamiento y tecnología para la investigación.
El tratamiento al caso de ODEBRECHT, cuyo expediente desde sus inicios ha sido evidenciado como incompleto, sigue siendo insatisfactorio para la sociedad dominicana. En el mes de septiembre se inició el conocimiento de la audiencia de presentación de pruebas y testigos en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El proceso se desarrolla con mucha lentitud, debido a los constantes incidentes. Aunque ha sido asumido por las nuevas autoridades del Ministerio Publico, son evidentes las debilidades del expediente presentado por el anterior procurador general, Jean Alan Rodríguez. No obstante, según el titular de la PEPCA, Magistrado Wilson Camacho, las autoridades cuentan con más de 1,700 pruebas que fortalecerán las acusaciones del caso Odebrecht, incluyendo testigos de nacionalidad brasileña que podrían revelar nuevos nombres, montos y codinomes (apodos).
En relación a ese mismo escándalo de corrupción, el Primer Juzgado de Instrucción conoce la objeción incoada por el nuevo titular del PEPCA en búsqueda de que sean revocados los archivos definitivos dispuestos el año pasado y que favorecieron a un grupo de ex funcionarios que fueron excluidos del expediente.
En relación al caso de la “Red de Csar el Abusador” este mes de diciembre la Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría Especializada de Anti lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, depositaron la acusación contra los implicados en la red de narcotráfico, presuntamente encabezada por César Emilio Peralta.
El acontecimiento más relevante en los ámbitos judiciales es lo ocurrido al final del año. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha iniciado una serie de investigaciones, apresamientos y allanamientos en la denominada operación “Anti Pulpo”, resultando apresados hasta el momento 11 personas, las cuales han sido señaladas, de acuerdo a los documentos presentados ante el juez de la instrucción, por corrupción administrativa, proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas. Los delitos imputados al momento por el Ministerio Público son de asociación de malhechores, desfalco, estafa al Estado, tráfico de influencia, testaferrato, lavado de activos, falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito, prevaricación, entre otros.
Recientemente, el Juez José Alejandro Vargas, dictó medidas de coerción contra los 11 imputados en la llamada Operación Antipulpo, encabezados por dos hermanos del ex presidente Danilo Medina. La mayoría fueron a prisión y el caso fue declarado como complejo.
Otro caso de presunta irregularidad por el cual todavía no hay nadie sometido, ocurrió en marzo de este año en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). La institución realizó una licitación “fraudulenta” para la adquisición de kits alimenticios durante el estado de emergencia, la cual dio como resultado siete funcionarios destituidos y la renuncia de la directora de la institución, Berlinesa Franco. Esta última ha sido citada por el PEPCA en dos ocasiones. También ha sido citada en varias ocasiones la ex titular de la Dirección de Compras y Contrataciones, Yocasta Guzmán.
Otros casos pendientes en la justicia de años recientes son: el de Los Tres Brazos, por venta irregular de terrenos, el cual se encuentra en la etapa preliminar, mientras los afectados siguen pidiendo justicia; el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que incluye el asesinato del profesor Yuniol Ramírez, cuya muerte sacó a relucir un entramado de corrupción en esa oficina de transporte público. Están sometidos a la justicia al exdirector de la institución, Manuel Rivas y seis personas más, a quienes les fueron variadas la prisión preventiva por impedimento de salida y garantía económica, mientras se está a la espera de que las autoridades dominicanas puedan extraditar a uno de los principales acusados en el caso.
En otro orden, el Presidente de la República, convocó al Consejo Nacional de la Magistratura el 3 de diciembre de 2020, con el propósito de aprobar el reglamento para la evaluación de los jueces aspirantes a las altas cortes. La reunión fue aplazada debido a una instancia elevada por el Partido de la Liberación Dominicana sobre el representante de la segunda mayoría del senado en el CNM, solicitud que fue rechaza por el Tribunal Superior Administrativo. En la segunda sesión, el 7 de diciembre 2020, el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma para la evaluación de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y Suprema Corte de Justicia, otorgando 15 días de plazo para depósito de los documentos lugar.
Consejo Nacional
17 de diciembre del 2020
