Resulta que ahora Pascal Fauret y su copiloto Bruno Odos, condenados a 20 años de prisión por la chapucera justicia dominicana, son una especie de héroes nacionales en Francia, salvados por un comando terrorista, de la barbarie primitiva de unas tribus isleñas, en el Caribe Occidental.
Los liberados son dos “correctos ciudadanos franceses”, investigados con anterioridad por la justicia de su país por sospecha de ser traficantes, y condenados en Primera Instancia en la República Dominicana por posesión y tráfico de 700 kilos de cocaína pura. Han declarado que están a disposición de la justicia de aquel país, porque la justicia de aquí no investiga.
Como si se tratara de un guión de un escape al estilo del cine americano, el eurodiputado francés Aymeric Chauprade, del Partido Frente Nacional, cuenta su asociación de malhechores, con el especialista en criminología y en seguridad aérea, Christophe Naudin, “quien vino a verme y me dijo que había tenido la misma idea”, quien se encargó organizar “la parte operacional” de la “fuga”, cuyos costos supuestamente fue de unos 100.000 euros.
Según Chauprade, se crearon “dos equipos distintos”. Uno en República Dominicana para la intervención por tierra y mar, y el otro para su regreso a Francia. “Yo era el jefe del equipo 1 – en el orden cronológico de su accionar- y Christophe del equipo 2”.
Un aforismo jurídico posiblemente francés dice que “a confesión culpa relevo de prueba”. El eurodiputado francés no solo confiesa públicamente ser el cabecilla de una invasión al territorio dominicano y del secuestro de dos miembros de una banda de traficantes franceses condenados por posesión e intento de tráfico de drogas.
El presidente de la República, la presidencia de la República ni el Ministerio de Relaciones Exteriores se han pronunciado sobre una invasión francesa al territorio nacional.
No se trata, por tanto, de ninguna fuga. De lo que si se trata es de que funcionarios franceses, en complicidad con elementos nacionales aún no determinados, conspiraron para invadir el país y liberar a dos delincuentes, disfrazando la intervención de una fuga con espectacularidad de cine de acción. Luego vendrá la película con tintes humillantes.
El Estado dominicano, la justicia y los organismos de seguridad nacional son dignos de pena y lástima. A esta hora República Dominicana debió de haber pedido la convocatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo encargado de mantener la paz y seguridad entre las naciones, a los fines de que emitiera una resolución condenatoria de la violación del territorio nacional, por parte de autoridades francesas.
Pero también a esta ahora muchas cabezas deberían haber rodado – entre miembros del Ministerio Público y jueces involucrados en las medidas de coerción, funcionarios de migración y de los servicios de seguridad nacional–, por su responsabilidad en los hechos; sin embargo, nada ha pasado y quienes cogieron dinero en cada paso de la operación están en sus puestos públicos y hogares muertos de risa, rascándose las panzas y esperando una nueva oportunidad para apuñalar al Estado y a la soberanía nacional.
Definitivamente, aquí no hay justicia.
Se recuerda que tras la invasión napoleónica a España, los criollos de Santo Domingo se rebelaron contra el dominio francés encabezado por el general Ferrand y, en defensa de nuestras raíces y cultura, Juan Sánchez Ramírez, por el Este, y por el Sur, Ciriaco Ramírez, Cristóbal Huber y Salvador Féliz declararon la Guerra de la Reconquista, entre el 7 de noviembre de 1808 y el 9 de julio, de 1809. Ciento siete años después Francia nos invade de nuevo, pero las autoridades dominicanas no tienen los timbales que les sobraron a los criollos del Santo Domingo Español.
¡Una nueva violación de la soberanía nacional no! Porque aquí no hubo fuga, hubo una invasión al país.