Desde hace más de quince años la despenalización del aborto por causales forma parte de la agenda pública y política en torno a la modificación del Código Penal. Dos observaciones presidenciales a favor de las causales y la inconstitucionalidad del procedimiento utilizado han impedido la entrada en vigencia del nuevo código.
Las presiones del fundamentalismo religioso ha estado aliada a sectores políticos genuflexos en el miedo de perder la poca aprobación pública legítimamente ganada ante el despilfarro de fondos estatales e insensibilidad a la pobreza en que vive la mayoría de la población.
La injusticia social y de género que provoca la penalización absoluta del aborto ha sido develada por el movimiento feminista, un tema hasta hace poco oculto y pecaminoso en una sociedad de eminente contradicción conservadora. Las encuestas Gallup han revelado la amplia identificación de la mayoría, en más de 70%con las demandas del movimiento, a la que se han sumado además gremios, organismos de Naciones Unidas, sectores religiosos plurales, entre otros
Más de quince años de disputa mantienen la polarización a una propuesta que solo da respuesta a situaciones extremas dando la espalda a complicaciones que confrontan las mujeres en el día a día.
La despenalización por causales mantendría la sanción ante embarazos no deseados de la mujer embarazada en condiciones de pobreza o pobreza extrema con varios hijos e hijas. Como afirmara Pepe Mujica en su resiente visita al país: “…y la dejamos solas como al basural, poniendo en juego su vida con un aborto clandestino…se sanciona a las mas pobres, las ricas siempre tienen alternativas…”. Con igual falta de opciones para su proyecto de vida quedarían la joven y la adolescente universitaria o colegial, y aquellas afectadas por el Zikason forzadas a parir niños y niñas con microcefalía.El imaginario cultural y religioso le ofrece la sanción por ser “puta”,por ser mujer humana no tiene derecho a disfrutar de orgasmos.
Por pretender dar respuesta a la punta de un iceberg dejando a merced de persecución y cárcel a las mujeres que por múltiples circunstancias intenten practicarse aborto, en un país con una de las tasas mayores de muertes maternas en toda Latinoamérica, se ha retrasado la aprobación del Código Penal y con él la despenalización por causales.
El extremismo religioso anti-democrático y anti-derechos encuentra sociedad macabra en la perversidad política a la que bendice los pecados de la corrupta avaricia que sumen en la pobreza y falta de servicios básicos a la mayoría de la población, y contra la voluntad de ésta que ha expresado en múltiples encuestas estar de acuerdo con el aborto por causales.
