La Estrategia Nacional de Desarrollo, promulgada como Ley 1-12, estableció la necesidad de firmar tres pactos: el educativo, eléctrico y fiscal. Sólo se ha firmado el educativo (de chepa).

Después de una larga lucha social para asignar el 4% del PIB a la educación, tal cual estableció la Ley General de Educación de 1997, Danilo Medina encontró ahí un mecanismo de amplia aceptación para anclarse en la Presidencia. De candidato en el 2012 firmó con la Coalición por la Educación Digna destinar el 4%, y luego vino el Pacto Educativo que contempla mejorar la educación, no sólo construir escuelas (la mejoría está pendiente).

El Pacto Eléctrico no ha tenido tanta suerte. Sigue en discusión y aún no se logra armonizar los intereses del sector empresarial y del gobierno (los duros al bate).
La discusión del Pacto Fiscal ni siquiera ha comenzado, aunque todos los planes gubernamentales dependen del dinero (hay que buscarlo).

En República Dominicana existe la falsa creencia de que para resolver los temas conflictos se necesita un pacto, y como no se logran fácilmente porque hay intereses antagónicos, al final, el gobierno impone su agenda (así será con la reforma fiscal).

¿Cuál es el problema? El gobierno necesita más dinero para subsidiar el Estado clientelar, corrupto, y ahora también asistencial. Eso sale caro. Para ampliar el Estado asistencial hay que ir desmontando el Estado clientelar y corrupto, pero ningún gobierno dominicano lo ha hecho. Por el contrario, cada gobierno lo amplía, porque cada día hay más políticos y seguidores que demandan bienestar.

Medio país vive total o parcialmente del gobierno, y los que esperan para entrar al reparto son muchos. Por eso hay casi 30 partidos con reconocimiento legal y muchos clubes políticos sin registrar.

Una verdadera reforma fiscal implica desmantelar incentivos a algunos sectores empresariales, aumentar impuestos a ciertos sectores sociales, y reducir el dispendio público.

¡Pero ah!, ningún sector quiere perjudicarse. Ni ricos, ni pobres ni clase media quieren aumento de impuestos. Y el gobierno tiene tanta gente en empleos, contratos, subsidios y salarios de nominillas, que no se motiva a quitar beneficios. La justificación es siempre no mandar gente a la calle. Así, la cantidad de empleados públicos aumenta constantemente y también el Presupuesto Nacional.

Por estas razones un Pacto Fiscal es inviable, no importa que lo establezca la Estrategia Nacional de Desarrollo, y no importa que sea una ley. Es precisamente una ley porque mucho de lo que dice es políticamente inviable, y hacerla ley da la apariencia de que se cumplirá.

Los pactos de buena voluntad no existen en política. La política es lucha de poder por intereses contrapuestos. Sólo a veces hay coyunturas favorables al pactismo.

Es cierto que el Gobierno Dominicano se está endeudando hasta la coronilla. Es una bomba de tiempo si no recauda más para cumplir con el pago y parar la espiral de endeudamiento. Hacerse el loco no es alternativa eterna para el gobierno.

Es cierto que cuando se acerque el momento de que explote la bomba de la deuda, el gobierno establecerá impuestos con pacto o sin pacto, y ahí se producirá el descontento social que tumbará la aprobación del gobierno.

Para evitar esa erosión de apoyo, el gobierno podría utilizar el recurso populista de contraponer los intereses empresariales a los del pueblo, y cargar a los ricos con más impuestos. Eso nunca se ha hecho en República Dominicana. Pero hacerlo sin racionalizar el Estado sería otra bomba de alto calibre. Los ricos se rebelarían.
Hay un tranque fiscal de imposible solución armónica. Unos ganarán y otros perderán.