Los ejecutivos de la Fundación Solidaridad, Inc., presentaron los resultados del estudio “Credibilidad Presupuestaria: El Caso del Sector Salud en República Dominicana”, un informe detallado, amplio y concienzudo de la realidad presupuestaria del país.

El trabajo es parte de la iniciativa que impulsa la International Budget Partnership (IBP), en 23  países, en el marco del proyecto “Abordando la Credibilidad Presupuestaria”, el cual proporciona un oportuno diagnóstico sobre la capacidad de los gobiernos para cumplir con precisión y consistencia sus metas de gastos e ingresos.

En el caso dominicano, como hemos dicho lo ejecuta la prestigiosa Fundación Solidaridad, Inc. un centro de pensamiento pero también de acción, con una hoja de servicio formativo y de acompañamiento técnico en una labor ininterrumpida que está próximo a cumplir los treinta años con fecundos logros en todo el territorio de la República Dominicana.

Las autoras del informe, las consultoras Laura Castillo y  Katia Lambis, presentaron los detalles de su investigación. Además de estar presentado de forma diáfana, revelando la pasión y esmero de cotejar data y hacer comprensible, traducirla al lenguaje llano de nosotros los del pueblo, han colocado en nuestras manos un estudio que nos quiebra la credibilidad.

Dos casos nos llamaron la atención y ameritan detener la marcha, leer, investigar, denunciar y exigir, como hacen todas las ciudadanías responsables en todo el mundo, o en casi todo, donde la democracia por menos fuerte que sea es efectiva para darle forma a demandas.

Si los dominicanos hemos escuchado que el sistema de salud es deficiente y por décadas hemos leído titulares en la prensa nacional que parecen repetidos, ha llegado el momento de saber cuál es el tamaño del problema en el caso del presupuesto de uno de los pilares fundamentales de la vida del pueblo dominicano, por lo que el trabajo técnico presentado amerita la lectura atenta y la debida socialización para fomentar una criticidad en la ciudadanía que beneficiará a todos: administradores y administrados a partir de sus recomendaciones.

Para muestra dos botones.

El programa inicialmente fue presupuestado con un costo total de RD$3,000 millones, y seis años después el costo de la intervención de solo nueve de los 56 centros se había incrementado a RD10,000 millones.

Uno de los centros intervenidos es el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, ubicado en el municipio de Santiago, el cual debe atender a una población aproximada de 3,403,782 habitantes pertenecientes a 14 provincias que componen la Región Norte. Al momento de iniciar las obras en 2013, con carácter de urgencia, se indicó que la misma tendría duración de 20 meses. Al finalizar la reconstrucción el Hospital contaría con una nueva área de emergencias, adaptada para las exigencias actuales de los servicios de salud y resistente a sismos de magnitud considerable.

Seis años después del inicio de las obras de reconstrucción del Hospital no han sido concluidas y el gobierno ha reconocido el retraso, así como el incremento en el costo de la intervención. Importante indicar que además de los retrasos presentados, otras situaciones han afectado la buena ejecución de las obras, como inundaciones y recientemente el desplome de techos de áreas ya intervenidas.

Existe otro caso dentro del programa de intervención de los centros de salud es el Hospital Municipal de Lagunas de Nisibón, ubicado al Este del país, el cual atiende las necesidades de 9,831 habitantes del municipio, cuyas obras de reparación se iniciaron en 2015.

En agosto de 2018, después de ejecutadas algunas intervenciones, la OISOE indicó que al realizarse estudios de vulnerabilidad se determinó que el hospital no estaba en condiciones de ser remodelado debido a su aguda debilidad estructural y por lo tanto el mismo debía ser demolido para ser construido nuevamente, a fin de entregar un centro moderno y seguro.

Los casos citados evidencias problemáticas de tipo social y de transparencia. Primeramente, las intervenciones que se ejecutan en los centros de salud han demandado de un largo tiempo, restringiendo la prestación de servicios y provocando en la población usuaria, generalmente de escasos recursos, la necesidad de acudir a otros centros públicos o privados incrementando los costos de salud y/o limitando el seguimiento de sus casos. Lo anterior denota dificultades de dicha población en beneficiarse de la cobertura universal en salud, lo que a mediano y largo plazo deteriora la buena salud de la misma.

Otra problemática se relaciona con la transparencia del uso de los recursos económicos. De acuerdo con los presupuestos aprobados durante los años 2014-2019 se evidencia variaciones presupuestarias en diferentes aspectos en la ejecución de las obras de los dos hospitales estudiados, y de los mismos no ha sido posible constatar, de manera oficial, la justificación de las mismas.