El 2018 se caracterizó por:

• El mantenimiento de las precariedades institucionales;
• Una prematura lucha por la nominación a la candidatura presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD);
• El resurgimiento del fantasma de la reelección que pretende desconocer las disposiciones constitucionales que prohíben la re-postulación de Danilo Medina;
• Fuerte desconfianza en las instituciones estatales;
• Ausencia de persecución y castigo de la corrupción;
• Continuación de la política de endeudamiento del país;
• Fracaso de las políticas de seguridad ciudadana.

Como aspectos positivos del año se destacan:

• La Marcha Verde y la continuación de los reclamos ciudadanos por el fin de la corrupción y la impunidad;
• La aprobación de la Ley de Partidos después de 20 años de discusión, aunque con fuertes cuestionamientos.
• La extensión del servicio 911 a 38 nuevas ciudades.

1.- Precariedades institucionales y políticas

Las precariedades institucionales dominaron el escenario nacional durante todo el año, con el fantasma de la reelección distrayendo la atención de las autoridades y la sociedad y alentando una severa crisis en el partido gobernante. Una prematura precampaña de varios aspirantes del partido oficial se produjo en desafío a la Ley y reglamentos que establecen restricciones para evitar los excesivos gastos y abuso de recursos públicos.

En el 2018 se destaca un fuerte crecimiento de la desconfianza en las instituciones, la política y la democracia, marcado por evaluaciones y encuestas nacionales e internacionales.

Como elemento positivo del año se pueden mencionar la aprobación de una Ley de Partidos discutida por dos décadas, que marca algunos avances importantes, sobre todo al postular la transparencia y límites del financiamiento y promover la paridad de género, aunque terminó con varios preceptos de cuestionada constitucionalidad, sometidos al dictamen judicial, algunas inequidades y con un pobre régimen de sanciones que no disuade sus violaciones. Al final del año el Consejo Nacional de la Magistratura realizó una renovación parcial de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, reduciendo el secuestro partidario de ese organismo.

El sistema político se manifestó en crisis en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, sacudido por la pugna entre sus dos principales líderes, subordinando sus organismos y las prácticas democráticas, mientras el Partido Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano seguían afectados por precariedades democráticas judicializadas. La excepción fue el Partido Revolucionario Moderno que en marzo logró una elección nacional de dirigentes, con alguna renovación, y demostró que las organizaciones partidistas pueden hacer un eficiente empadronamiento de sus miembros.

El presidencialismo quedó evidente en el incremento del protagonismo presidencialcon el programa de “visitas sorpresas” con el cual el mandatario sustituye amúltiples organismos estatales, con más de una docena de programas socialesconcentrados en la Presidencia de la República, un gasto de diez millones depesos cada día en propaganda política. El Presidente ha mantenido en vilo a lanación en relación a si acatará el mandato de su propia Constitución del 2015 querecogió un pacto partidista con prohibición de la reelección presidencialdespués de dos períodos, ratificada en una disposición transitoria.

Mientras la presidencia incrementa sus gastos y reparte cada vez mayor cantidad de recursos a título personal del Presidente, se mantiene congelada o en reducción la proporción presupuestaria a la Justicia y el Ministerio Público, así como a la salud pública y múltiples entidades estatales. El Poder Municipal ya recibe menos del tres por ciento de los ingresos nacionales, aunque su ley orgánica dispone el diez. El presidente reparte hasta el dinero que la ley dispone para los municipios donde hay explotación minera, que apenas reciben la décima parte de lo correspondiente.

Por su parte, el Congreso Nacional siguió subordinado al Poder Ejecutivo aprobando préstamos y presupuesto sin mayores ponderaciones y negado a cumplir sus funciones de fiscalización. Esto último quedó demostrado en la negativa de la Cámara de Diputados a investigar los contratos de publicidad y asesoría política por más de 1,300 millones de pesos, otorgados por el gobierno a dos empresas de los asesores políticos del presidente Danilo Medina: Joao Santana y Mónica Moura. La mayoría oficialista rechazó varias veces la petición de crear una comisión de investigación demandada en base a una certificación de la Contraloría General de la República obtenida por la diputada Faride Raful.

Otra pobre demostración la dio el Senado cuando en abril aprobó un proyecto de Ley de Partidos que pretendió imponer la obligatoriedad del padrón abierto para la elección de las candidaturas de todas las agrupaciones políticas, y otros aspectos controversiales promovidos por el grupo del Presidente Medina. Esto, afortunadamente, fue rechazado en la Cámara de Diputados.

Estudios y encuestas publicados en este año, muestran una alarmante caída de la credibilidad en las instituciones democráticas nacionales. En Latinobarómetro, la credibilidad en la política cayó al 14 por ciento, 7 puntos menos que el año anterior. La confianza en los partidos bajó al 23 por ciento y el apoyo a la democracia se redujo al 44 por ciento, 10 puntos menos que el año anterior, quedando por primera vez por debajo de la mitad. En el 2004 era del 65 por ciento.

Las instituciones estatales no aparecen mejor situadas. El Poder Legislativo con la confianza de apenas el 20 por ciento, el Judicial 21 y el gobierno 22 por ciento. No es de extrañar que la misma encuesta refleje que el 53% de la población se quiera ir del país (49 en una encuesta mundial de Gallup) y que alcance al 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años.

Se avanzó este año en la implementación del Programa Nacional de Regularización de Extranjeros con la flexibilización de requerimientos que no habían podido cumplir más del 90 por ciento de unos 240 mil solicitantes. Sin embargo, prevalece mucha opacidad en los términos y las metas alcanzadas, y aunque las autoridades han deportado a decenas de miles, un lucrativo tráfico humano prosigue en la frontera, sin que se tenga información de que las autoridades hayan comenzado a exigir a los empleadores que no contraten a inmigrantes sin la documentación correspondiente.

Varios incidentes en la franja fronteriza afectaron la seguridad de ciudadanos dominicanos y haitianos y el intercambio comercial, con repercusiones negativas para productores nacionales y poblaciones como Pedernales y Dajabón.

La preocupación nacional por la inmigración haitiana se expandió, impulsada en parte por grupos ultranacionalistas, aunque la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017) ratificó que la presencia de haitianos es mucho menor que la percepción generalizada. Arrojó un total de 570, 933 inmigrantes, representando el 5.6 por ciento de la población del país, de los cuales 497 mil 825 habían provenido de Haití. Cuando se computan también los descendientes de inmigrantes nacidos en el país, el total alcanza a 847 mil 979, de los cuales el 88.5 por ciento son de origen haitiano, con un incremento de apenas 0.4 por ciento en relación a la anterior ENI, del 2012. La preocupación por el incremento de la inmigración y la exacerbación del sentimiento anti haitiano afectaron el debate nacional y llevaron al gobierno a rechazar, aunque no tiene carácter vinculante, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado en diciembre por el 85 por ciento de los estados miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a 32 de 35 naciones del continente americano.

Aunque reducidas en relación con períodos anteriores, todavía este año suman más de un centenar las personas muertas en intercambios de disparos con la Policía, que en gran proporción no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales, en algunos casos delante de testigos, incluyendo niños. La Comisión Nacional de Derechos Humanos las cuantificó en 115 a principios de diciembre, indicando que en muchos casos obedecen a la falta de capacidad de los agentes para enfrentar situaciones difíciles. Da cuenta también de la prevalencia de mecanismos de tortura y maltratos a ciudadanos, incluyendo redadas masivas en las que se persiste como método equivocado para combatir la delincuencia.

En el año, varias instituciones del Estado desarrollaron campañas y esfuerzos con el propósito de reducir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, todavía los asesinatos de mujeres superaron los 130.

2.- La Corrupción y la Impunidad

El 2018 no registra ningún avance significativo en el compromiso del gobierno dominicano de combatir la corrupción y la impunidad. Por el contrario, además de mantener las mismas tendencias de años anteriores, crece la percepción de aumento de la corrupción y no se produce ninguna condena importante.

Así lo muestran los distintos estudios de organismos multilaterales publicados este año, entre los que se destacan: The Economist, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Latinobarómetro, Oxfam, Barómetro de Las Américas y el índice de Transparencia Internacional.

The Economist, señaló que el Comercio ilícito ha crecido en República Dominicana, citando entre sus causas “la informalidad de la economía, la corrupción entre los militares, la evasión fiscal”. El BID, en su publicación “Mejor gasto para mejor vida”, establece que en nuestra sociedad se pierde 3.8% del PIB en materia de malversación, corrupción y clientelismo. Esto representó para el 2018, una suma aproximada a los 165 mil millones de pesos.

En el Índice de Competitividad Global del 2018-2019, que aborda la problemática de la corrupción, también obtuvimos malas notas en Independencia judicial (125); Eficiencia del marco legal en las reglamentaciones exigentes (105); Incidencia de corrupción (113); Fiabilidad de los servicios policiales (131), sobre 140 países evaluados.

Latinobarómetro 2018 estableció en 77% la proporción de dominicanos que piensan que la corrupción ha aumentado, el segundo más alto, después de Venezuela. Oxfam, en su más reciente Informe “Democracias Capturadas: El gobierno de unos pocos”, nos sitúa como el cuarto país, en la percepción de que se gobierna para unos pocos (84), cuando el promedio general, de los 18 evaluados es 75. En el estudio de Barómetro de Las Américas, que evaluó este año 20 países acerca de los sobornos, obtuvimos 46 puntos, el segundo peor, después de México. En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado en febrero, el país volvió a bajar a 29 puntos sobre 100.

El caso más importante de corrupción en el 2018 sigue siendo el de Odebrecht. La Procuraduría General de la República presentó un expediente que contiene unos pocos acusados, excluyó todo el periodo de gobierno del presidente Medina, no ha presentado las auditorías de obras que, de acuerdo a confesión de la empresa, todas están sobrevaluadas en más de 20 por ciento y tampoco ha investigado las denuncias y querellas sobre la intervención de esa empresa en el financiamiento de campañas electorales en el 2012 y 2016, especialmente sobre el papel que jugaron Joao Santana y Mónica Moura en las campañas del presidente Danilo Medina. El juicio preliminar a los pocos acusados inició, pero a casi dos años el país es el único que no tiene un solo preso por el escándalo Odebrecht, a pesar de ser el que encabeza el monto de sobornos, según confesión de la misma empresa. La Cámara de Cuentas no acaba de evaluar las 17 obras, para verificar y ventilar las sobrevaluaciones.

Nuria Piera, divulgó el escándalo de la Plaza de la Salud Dr. Luis E. Aybar. El 8 de Julio del 2013 hubo una licitación por 6,993 Millones de pesos. Tres años después, en abril del 2017, le confeccionaron una adenda por 1,747 Millones, un 24.97% de aumento. En octubre pasado, elaboraron otra adenda por 6, 121 millones de pesos. La obra terminaría con un costo superior a los 14 Mil Millones de pesos, 112% por encima de la primera licitación, en violación a los artículos 25, 26 y 31 de la Ley de Compras y Contrataciones 340- 06.

La responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio sobre el abusivo precio de paridad de importación del GLP sigue en la impunidad después que el gobierno se apropió el enorme excedente desde finales del 2017. Dos Resoluciones, la 07 del 13 de enero del 2013 y la BIS-365, llevaron los precios de importación de 135 a 185 dólares, luego a 215, y por último a 225 dólares la tonelada métrica, 90 dólares más de su precio real, lo cual producía un excedente de unos 4,500 Millones de pesos anuales. Ese aumento se le cargó a los consumidores, en beneficio de dos empresas privadas durante cinco años.

El escándalo de las mochilas del MINERD, que involucró a la diputada Lucía Medina, constituye otro ejemplo de captura del Estado. Investigaciones periodísticas mostraron la cantidad de recursos que recibe la legisladora, hermana del presidente de la nación, de diferentes instituciones del Estado, con los cuales mantiene una promoción personal permanente.

El nepotismo y el clientelismo se mantienen en el CEA. Alicia Ortega puso sobre el tapete cómo una empresa del Estado que ya tiene muy poca actividad, paga 2,856 empleados, gastando 37 Millones de pesos mensuales. Allí hay nepotismo, botellas, cobros que no pasan por caja, gastos cuestionables y contrataciones sin rastros de licitaciones. También reveló una nominilla del Ministerio de Relaciones Exteriores con 225 botellas políticas del partido presidido por el canciller por un monto mensual de 18 millones de pesos. Recientemente se informó que en los últimos cinco años la Cámara de Diputados gastó más de 170 Millones de pesos en viajes, viáticos y dietas, para algunos salir hasta 34 veces, con el dinero público, en muchos casos sin que guardaran relación con su misión. En ninguno de estos casos apareció una autoridad dispuesta a investigar.

Se evidenció la mafia en la Jurisdicción Inmobiliaria, donde 17 personas han sido acusadas de corrupción, expresada en diferentes modalidades, como mediciones de terrenos de manera inadecuada, robo de propiedades y asignaciones a otras personas. Es pertinente destacar que hace alrededor de dos años que la Ex Fiscal, Yeni Berenice Reynoso había denunciado esas irregularidades y el presidente de la Suprema Corte la mandó a callar.

En resumen, muchas instituciones del Estado siguen plagadas de irregularidades, incluyendo el manejo de fondos mineros, por parte de Hacienda y de Corde y el tráfico en la venta de terrenos del CEA. Los organismos destinados a prevenir y castigar la corrupción siguen sin justificar su existencia. El Código de Pautas Éticas emitido por el presidente Medina en agosto del 2012 sigue en el olvido, prevaleciendo la falta de transparencia y la corrupción en sus diversas expresiones.

De todos los casos anteriores de corrupción, este año sólo uno tuvo una condena definitiva en los tribunales. Félix Rodríguez, ex alcalde de San Francisco de Macorís, fue condenado a 5 años de prisión, por el desvío de fondos públicos por 400 Millones de Pesos. Otra condena al exalcalde de San Cristóbal Raúl Mondesí y varios funcionarios municipales, está en apelación.

En el 2018 continuaron las violaciones a varias leyes. Este es el caso de la Ley de Salarios: 105-13, tan reclamada por la sociedad. A más de 5 años de su promulgación, todavía no ha sido aprobado su reglamento, se ha ido implementando sólo para los puestos de mayor jerarquía en la administración pública central y descentralizada. Un gran escándalo se produjo a principios del año cuando los miembros de la Cámara de Cuentas se aumentaron los salarios, sobrepasando los límites que están expresamente estipulados en la referida ley, violación que fue ignorada por las autoridades y el sistema de persecución de la corrupción.

Lo mismo sucede con La Ley 311-14 sobre declaración de patrimonio, la cual ha sido ignorada por miles de funcionarios públicos. El caso más destacado del año fue el del presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, quien hizo su declaración correspondiente al 2016 más de dos años tarde, en el 2018. Todavía hay unos 3,720 funcionarios que no han realizado su declaración, incluyendo 67 diputados activos y otros que finalizaron en el 2016.

3.- Justicia y Derechos Humanos

La justicia siguió en retroceso durante el 2018, sin que muchos casos escandalosos pudieran siquiera superar la fase de la audiencia preliminar, resaltando el de Odebrecht a dos años de su estallido, en vísperas de la Navidad del 2016.

Para entender la situación institucional de la República Dominicana, es indispensable conocer lo que ocurre con la justicia, pilar fundamental de la vida institucional de cualquier país, que ha devenido en franco retroceso desde la nefasta sentencia del caso Sun Land en el 2008. El propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese año reconoció luego que “fue una decisión política que marcó negativamente la trayectoria de los jueces designados en 1997.” No cabe duda de que ese dictamen, que indudablemente fue una sentencia corrupta por razones partidarias, desacreditó a esa Suprema Corte de Justicia y dio paso en 2011 a una nueva integrada con mayor dependencia de los partidos y líderes políticos.

El principal instrumento para mantener a los jueces bajo una fuerte dependencia de los partidos políticos y sus líderes fue la modificación constitucional de 2010 que estableció un período de siete años para los jueces de la Suprema Corte de Justicia elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, al cabo de los cuales debían ser evaluados para decidir si los ratificaban o los sustituían. De esta manera, se le puso fin a la inamovilidad absoluta consagrada en la Constitución de 1994, principal escudo defensor de la independencia de los jueces. Aprovechando esta modificación constitucional, fue que se borró de un plumazo la Suprema Corte de Justicia de 1997, incluyendo a los tres jueces que habían votado en forma disidente en el caso Sun Land.

En el año 2017, el presidente Medina tuvo su primera oportunidad presidiendo el Consejo Nacional de la Magistratura y tocaba llenar cuatro plazas en la Suprema Corte de Justicia y designar un nuevo Tribunal Superior Electoral. El proceso estuvo afectado de las mismas falencias que los anteriores en los aspectos relacionados con la evaluación de los candidatos y aunque hubo algunas buenas designaciones, otras sólo se explican por cabildeos y no por méritos.

Durante el año 2018, la justicia continuó sin poder dar respuesta al expediente contra los exmagistrados del Consejo Superior de Justicia, Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, como si no fuera posible que los jueces pudieran juzgar a sus ex-colegas. En este caso, la audiencia preliminar lleva más de cuarenta aplazamientos.

Lo mismo ha ocurrido con el escándalo de corrupción más grave de toda la historia de la República Dominicana, el de Odebrecht, que tampoco ha podido avanzar de la audiencia preliminar. Entre los incidentes planteados y una actitud de la Suprema Corte de Justicia de permitir su prolongación en el tiempo apostando al olvido, se ha permitido la desnaturalización de la audiencia preliminar, que no fue concebida para prolongarse en el tiempo como ha ocurrido y que tiene un diseño procesal para que el juez que la conoce depure los incidentes en forma previa y rápida.

El Artículo 305 del Código Procesal Penal, aplicable a la audiencia preliminar, dispone que “las excepciones y cuestiones incidentales que se funden en hechos nuevos y las recusaciones son interpuestas en el plazo de cinco días de la convocatoria al juicio y son resueltas en un solo acto por quien preside el tribunal dentro de los cinco días, a menos que resuelva diferir alguna para el momento de la sentencia”. Parecería que las normas existentes aprobadas para evitar las dilaciones sencillamente no se aplican, como aquella que dispone, en el mismo artículo 305 del CPP, que “el juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos incidentes.”

El juicio Odebrecht no se ve afectado solamente por el estancamiento del proceso que se conoce por ante la jurisdicción especial de la Suprema Corte de Justicia, sino que la falta de independencia alcanza otras esferas de gran trascendencia, como la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que no ha podido concluir sus trabajos sobre la sobrevaluación de las obras dolosamente asignadas a la empresa brasileña. El país sigue esperando conocer los montos de las sobrevaluaciones, admitidas por varios de los mismos ejecutivos de Odebrecht, los cuales declararon que a los presupuestos de las obras en los diferentes países se le agregaba un poco más de un 20%. Sin embargo, existe el temor a un resultado final tan vergonzoso que implique que digamos al mundo que Odebrecht sobrevaloraba las obras en todos los países donde trabajaba vía sobornos, menos en la República Dominicana, aunque este fuera el país donde más sobornos se admitió después del Brasil.

También sigue trabado en los tribunales otro emblemático caso de corrupción, el de los aviones Súper Tucanos, a pesar de la responsabilidad admitida por la empresa Embraer y de que se llegó a un acuerdo con ésta para un juicio penal abreviado, a fin de que fuese condenada a una multa. El proceso contra los imputados Rafael Peña Antonio, Carlos Piccini, Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa, tampoco ha podido concluir la audiencia preliminar.

Otros casos de corrupción de gran relevancia no han podido alcanzar siquiera la audiencia preliminar, tal como la venta del barrio de los Tres Brazos. Luego de medidas de prisión preventiva contra los imputados, les fueron variadas y permanecen en libertad aguardando el inicio de una acusación que se dilata de manera sospechosa. Los imputados en este caso son Leoncio Almánzar, José del Pool Dominici, Carlos Gómez, Julio Gómez, Manuel Aybar, Rosabel Castillo, Juan Gómez, Irving José Cruz Crespo, Ana Ozuna y Hadonis Ruiz.

En similar situación está el escándalo de las ventas irregulares de terrenos del CEA bajo la Dirección Ejecutiva de José Joaquín Domínguez Peña, lo que ocasionó la muerte de tres personas, los locutores Luis Manuel Medina y Leo Martínez, a manos de José Rodríguez, quien luego se dijo que se había suicidado. Los hechos de sangre acontecieron debido a la mala práctica de autoridades del CEA, ampliamente denunciada, de estafar a ciudadanos, vendiendo a varias personas la misma propiedad. El presidente Medina nombró una comisión dirigida por el consultor jurídico Flavio Darío Espinal, que actuó con eficiencia, pero cuyas recomendaciones sólo han sido cumplidas parcialmente.

Otro caso que está estancado, a pesar de que involucra un asesinato, es el de la OMSA y su anterior director Manuel Antonio Rivas en octubre del 2017. Se debe recordar que detrás del asesinato del abogado Yuniol Ramírez se encuentran hechos de corrupción cuya información era manejada por éste y se le privó de la vida para evitar que los diera a conocer. Por esta razón el Procurador General de la República solicitó a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría forense a la gestión del señor Rivas, que fue concluida y entregada en abril de 2018, sin que nada se haya sabido sobre los resultados.

Un proceso judicial que avanzó es el seguido contra el ex alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez, imputado por malversar más de 400 millones de pesos provenientes del presupuesto de la entidad edilicia que dirigía. La Corte de Apelación de San Francisco de Macorís condenó al señor Rodríguez a ocho años de prisión y a pagar más de 30 millones de pesos al Estado Dominicano. También fueron condenados Jerson Lizardo, ex encargado de nómina, y Fiordaliza Genao, ambos a cinco años de prisión, aunque a esta última en forma de prisión domiciliaria.

Por el lado del Ministerio Público no ha sido un buen año, no sólo por el estancamiento de los principales casos de corrupción, sino además por la forma en que se llevó a cabo el concurso público para renovar las posiciones en distintas fiscalías del Distrito Nacional, otras 21 provincias, además de las especializadas, sin que el Consejo Nacional del Ministerio Público cumpliera con lo que manda su propia ley.

Hubo una clara discrepancia entre la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público y las bases del concurso que se convocó. Cuando una persona no ha completado el tiempo máximo que puede estar en una posición, lo que procede primero no es un llamado a concurso sino una evaluación de desempeño. Sólo en caso de que el/ la titular no quiera evaluarse o no pase la evaluación, puede llamarse a concurso para llenar esa posición.

El artículo 41 de la ley es claro cuando señala, con respecto a la posición de Procurador Fiscal Titular, que será elegido por un período de cuatro años y “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”. De esta manera varios fiscales, que no habían completado su período máximo de ocho años fueron llamados a concursar por la posición que ocupaban cuando lo que procedía era una evaluación de desempeño, lo que generó mucha suspicacia, y restó legitimidad y legalidad al proceso.

El año concluye en plena actividad del Consejo Nacional de la Magistratura eligiendo jueces para cuatro posiciones en el Tribunal Constitucional, tres de ellos de consenso y el cuarto bajo reservas de independencia política, para comenzar el 2019 con la evaluación de la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. No está de más recordar que en el “Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial” correspondiente a 2017-2018, República Dominicana quedó en el lugar 130 de 137 países en independencia judicial y que en el pilar que evalúa la institucionalidad quedamos en el 129 de 137 países. La justicia resulta indispensable para contener la corrupción, que nos ha colocado en el lugar 136 de 137 países en el desvío de fondos públicos, pero eso no lo puede evitar cualquier tipo de justicia, solo una justicia independiente.

4.- Gran preocupación por la inseguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos años uno de los temas centrales de preocupación de la ciudadanía dominicana, ratificándose en el año 2018 por los índices de criminalidad y violencia armada.

Según los resultados de la encuestadora Gallup-Hoy realizada a finales de septiembre, para los dominicanos la Policía Nacional sigue siendo una de las instituciones que goza de menor confianza. Luego de dos años de promulgada la ley de reforma de la PN, siguen pendientes sus 22 reglamentos operativos, sin que se hayan manifestado esfuerzos por ponerlos en vigencia, aunque se debe reconocer limitados avances en cuestiones salariales y condiciones laborales de sus miembros.

Lo más notable en el año fue la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, a 38 nuevas comunidades en los municipios de Villa Altagracia, Sabana Grande de Palenque y Yaguate, en la provincia San Cristóbal; Bonao, Maimón y Piedra Blanca, en Monseñor Nouel; Guayacanes, Ramón Santana y San Pedro de Macorís, en la provincia de ese mismo nombre; Baní y Nizao, en Peravia; La Romana, Guaymate y Villa Hermosa, en La Romana, y San Rafael del Yuma en la provincia La Altagracia. Empero, tales esfuerzos parecen resultar insuficientes por los elevados índices de violencia y victimización que reportan las estadísticas oficiales para el año 2018, que registran una tasa de homicidio de 13.44 por cada 100 mil habitantes.

Participación Ciudadana suscribe que la seguridad ciudadana es compleja y multidimensional, por lo cual se requieren esfuerzos conjuntos, voluntad política, armonía entre los actores y transformación de patrones culturales y educativos. Una tarea pendiente es la aprobación de la reforma al Código Penal, donde se encuentran en discusión la tipificación de los delitos que atentan contra la dignidad de las personas, así como la garantía al debido proceso. Igualmente, se requiere una ley que regule el porte y uso de armas, presentes en la mayoría de los actos delictivos. También, espacios institucionales alternativos para la resolución pacífica de los conflictos, organización municipal en base a criterios de ordenamiento territorial y seguir extendiendo la vigilancia electrónica a todo el país.

5.- Crecimiento económico con endeudamiento

El 2018 se caracterizó por la continuación de la política fiscal expansiva que ha llevado la deuda consolidada del Estado Dominicano a más de US$43,000 millones. Al inicio del año fueron colocados US$1,800 millones en bonos en los mercados internacionales. Durante meses, el Ministerio de Hacienda no pudo colocar bonos internos a los rendimientos que estaba ofreciendo debido a la competencia de tasas con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Esta última institución necesita colocar bonos en el mercado interno para poder pagar los intereses de las emisiones de títulos que tuvieron su origen con la crisis bancaria de 2003 y que han continuado hasta la fecha, debido a que dicha institución no ha sido recapitalizada con transferencias del gobierno central como está previsto en la ley. En el mes de julio el Ministerio de Hacienda recurrió nuevamente a los mercados internacionales con una emisión de bonos por un monto de US$1,300 millones.

El nivel actual de endeudamiento representa un crecimiento acumulado cercano al 33% en los últimos cinco años. Como resultado de este proceso de endeudamiento, el gasto en intereses del gobierno dominicano continúa siendo el segundo más importante dentro del presupuesto, luego de educación y por encima de salud pública. Para 2018, el gasto de intereses, incluyendo las transferencias para la capitalización del BCRD, representará 3.4% del PIB o RD$134,664 millones. Como porcentaje de los ingresos tributarios, el gasto en intereses continúa cercano al 24%.

En el lado positivo, en noviembre las autoridades presentaron una nueva metodología para el cálculo de las cuentas fiscales siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, con lo que facilitará la comparación de las estadísticas dominicanas con las de otros países. Sin embargo, el hecho más importante es que los nuevos datos reflejan mejor la realidad fiscal del país, transparentando los altos déficits fiscales que son la causa del creciente endeudamiento público.

Un hecho a destacar en el 2018 fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Desde el punto de vista económico, este hecho debe llamar la atención de la sociedad civil debido al crecimiento en el endeudamiento con bancos estatales chinos de los países latinoamericanos que han establecido relaciones con esa nación. China tiene un historial de expansión geopolítica en la región por medio de la participación en proyectos financiados con recursos públicos, sobre todo en los sectores energía y minería. La transparencia será particularmente necesaria en las relaciones con esa nación debido a la experiencia reciente con el financiamiento, ejecución y, sobre todo, a la falta de un presupuesto público del proyecto energético Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Desde el punto de vista comercial, el establecimiento de relaciones con China no representará una mejoría a corto plazo en las exportaciones dominicanas, puesto que el país no termina de realizar avances que mejoren la competitividad por medio de políticas públicas que fortalezcan las instituciones económicas y reduzcan aquellos costos que encarecen la producción en el país. Entre las reformas institucionales necesarias, estaría una ley de Responsabilidad Fiscal que establezca reglas para mayor estabilidad en las finanzas públicas y reducción del endeudamiento del Estado Dominicano. Esta legislación está prevista dentro de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual la ordena dentro del ámbito de un Pacto Fiscal que debió haber sido implementado tres años atrás.

En el orden institucional también es necesario el fortalecimiento de la justicia para la protección de contratos y derechos de propiedad, así como la eliminación de trabas burocráticas que afectan la fluidez de los procesos económicos. De igual forma, se necesita bajar los costos de hacer negocios –y vivir en el país- que dificultan producir y exportar competitivamente, como los de los combustibles, el transporte, la generación eléctrica y el hecho de que los agentes económicos pagan sus impuestos para recibir servicios de baja calidad que, en múltiples casos, deben procurarse de forma particular.

Los problemas de competitividad se reflejaron en el informe Doing Business 2019, un reporte que cada año elabora el Banco Mundial para evaluar la facilidad de hacer negocios en 190 países. En el informe publicado en noviembre, el país perdió tres posiciones al pasar del lugar 99 al 102. Si bien en el Índice de Competitividad Global 2018 República Dominicana aparece en una mejor posición que en 2017 entre los 140 países evaluados, no menos cierto es que la misma se debió a un cambio metodológico. La realidad sigue reflejando la baja competitividad del país.

En 2018 turismo, zonas francas y remesas provenientes del exterior fueron los renglones de mayor generación de divisas. En cambio, las exportaciones nacionales continuaron mostrando un rezago con relación a esas otras actividades. El turismo continúa beneficiándose de la situación de inseguridad prevaleciente en el Norte de África y el Cercano Oriente. De igual manera, el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos facilita la llegada de turistas; y también beneficia a las remesas provenientes de ese país que constituyen más del 77% del total recibido, estimado para este año sobre los 6 mil millones de dólares.

En 2018 las autoridades monetarias revirtieron la política iniciada en 2017 de reducción de las tasas de interés. Esta decisión se produjo en el marco de la continuación del incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, de apreciación del dólar con relación a la mayoría de las monedas del mundo, y del aumento del precio del petróleo.

Un efecto directo del aumento en el precio del barril del petróleo durante 2018, fue el incremento en unos US$350 millones a lo presupuestado en el monto transferido por el gobierno central para cubrir las pérdidas de las distribuidoras de electricidad. De igual forma, otro efecto local fue el incremento en los precios de los carburantes, los cuales de por sí son estructuralmente altos en comparación con otros países debido al importante peso que tienen los impuestos y los márgenes de comercialización establecidos por ley.

Con relación al mercado de trabajo, en 2018 continuó la informalidad laboral con tasas superiores al 58% del empleo total. Los desocupados, desalentados y sub ocupados de la economía mantuvieron una tasa cercana al 16% de la fuerza de trabajo. Ambos factores, junto a los bajos ingresos generados por la poca competitividad de la economía, obstaculizan la movilidad socioeconómica de la ciudadanía. Asimismo, dificultan la posibilidad de los trabajadores de cotizar a la seguridad social para un retiro digno al final de sus vidas productivas. Las estadísticas oficiales sobre el sistema de pensiones indican que los cotizantes apenas representan el 48% del total de afiliados, mientras el 75% de sus ahorros en sus cuentas de capitalización individual se mantienen financiando parte del déficit combinado del Estado, pues están colocados en títulos de deuda emitidos por el Banco Central y por el Ministerio de Hacienda.

6.- Movimiento social y articulación política

Durante el año 2018, siguió creciendo la inquietud en la sociedad dominicana por los graves problemas acumulados, especialmente por el incremento de la deuda pública que amenaza la sostenibilidad fiscal, por la corrupción y la impunidad, y por las deudas sociales acumuladas.

El movimiento de la Marcha Verde se mantuvo activo demandando el fin de la corrupción y la impunidad y registró en agosto la mayor concentración ciudadana de la historia del país, cuando más de 150 mil personas marcharon hasta el Congreso Nacional.

Surgieron nuevos agrupamientos, como la Alianza Dominicana por el Derecho a la Salud, y se produjeron protestas y movilizaciones sociales en gran parte del país, especialmente en la región del Cibao, donde en octubre casi se paralizaron sus 14 provincias demandando diversas reivindicaciones.

Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Bonó, la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Participación Ciudadana y otras, mantuvieron activa la defensa de la institucionalidad democrática, enfrentando los intentos de crear condiciones para volver a modificar la Constitución de la República en aras del continuismo en el poder y la promoción de la independencia de los poderes públicos, especialmente de la justicia así como de la reforma del régimen electoral.

Este año surgieron también nuevas iniciativas ciudadanas que buscan crear condiciones para las reformas políticas que permitan real competencia en las elecciones del 2020 y así reducir el monopolio del poder. Se destacan el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Conciencia Ciudadana y la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo. Mientras en instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Asociación Dominicana de Profesores, se rompió la dominación del partido político hegemónico.

Donde no se registró avance alguno fue en el movimiento sindical, el cual permanece adormecido y despierta cada dos años cuando la ley obliga a revisar los salarios mínimos. Ni siquiera ha podido desarrollar fortaleza para las reformas que demanda a gritos el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual hace aguas cuando empieza a agotar su segunda década.

CONSEJO NACIONAL, 18 DE DICIEMBRE DE 2018