Desde siempre, el Estado dominicano ha sido corrupto; un grupo ha usurpado de manera burda recursos públicos. En las dictaduras, un pequeñísimo grupo tenía el monopolio del robo público, y después de la apertura política que se inició en 1978, la corrupción se amplió. A más políticos, más corrupción. A más empresarios híper-explotadores, más corrupción. A mayor deseo de movilidad social, mayor corrupción.

Si usted cuenta las torres, yipetas y centros comerciales en Santo Domingo, se dará cuenta que en la República Dominicana no hay suficientes sueldos altos para sustentar tanto lujo y consumo. Tampoco hay tanto dinero privado para sostener tantas estaciones de radio y televisión. El Estado es el gran anunciador y el gran empleador. Unos empleados públicos son necesarios, muchos otros no.

Un Estado eficiente reduciría la corrupción, mejoraría los servicios sociales y gastaría menos en publicidad. Pero todos los partidos que han gobernado han preferido mantener la corrupción, el dispendio ineficaz y la publicidad excesiva para tener medios de comunicación complacientes. Los comunicadores, a su vez, viven del pluriempleo.

En el abanico de financiamiento inapropiado, están las llamadas ONG de legisladores y otros políticos, así como el vasto financiamiento público a los partidos políticos; un financiamiento sin controles adecuados. Los partidos reciben grandes sumas y los dirigentes se apropian de buena parte. Por eso hay tantos partidos.

Los partidos políticos son feudos clientelares que se nutren de recursos públicos, y la lucha intra-partidaria e inter-partidaria refleja la competencia entre clanes políticos por el control y manejo de recursos públicos. No hay diferencia ideológica porque todos tienen como objetivo central gobernar para apropiarse de recursos.

En el Estado corrupto-clientelar, los programas sociales son muy limitados en cobertura y calidad. Por eso hay una gran deuda social heredada, por eso los servicios sociales son de baja calidad, y por eso aunque la República Dominicana haya crecido mucho en las últimas décadas, no muestra buenos índices de desarrollo social.

A diferencia del pasado, cuando la corrupción y el clientelismo selectivo eran suficientes para gobernar (así lo hizo Balaguer), ahora hay mayor demanda de redistribución de recursos de diversos sectores. De ahí que el Estado corrupto-clientelar haya devenido también en Estado asistencial.

El gobierno ha ampliado la cobertura social a través de programas como las tarjetas de solidaridad, SeNaSa, viviendas públicas y estancias infantiles, entre otros. Muchos de estos programas son necesarios, pero para asegurar su eficiencia y sostenibilidad, hay que desmontar el Estado corrupto-clientelar. Si no, los gastos del gobierno generan tarde o temprano una crisis fiscal que da al traste con muchos de esos programas sociales.

Más aún, dada la complicidad de prácticamente toda la clase política dominicana en el manejo y beneficio del Estado corrupto-clientelar, una gran crisis fiscal podría generar un colapso de lo que queda del sistema partidario. Es ahí entonces cuando se presentan los “outsiders” que cautivan la población.

Este fenómeno es bien conocido en América Latina, donde figuras fuera del sistema partidario se erigieron en líderes políticos ante la crisis del Estado corrupto-clientelar en la década de 1990. Los casos paradigmáticos son Venezuela con Hugo Chávez; Bolivia con Evo Morales, y Ecuador con Rafael Correa. Son las típicas respuestas populistas-caudillistas que llenan los espacios políticos cuando los partidos del sistema colapsan al agotar los recursos públicos con un manejo corrupto-clientelar.

En el esquema fiscal actual, el PLD no tiene mucha posibilidad de expandir el Estado asistencial sin comenzar a desmontar el Estado corrupto-clientelar. Quizás el escandaloso caso Odebrecht y la marcha anunciada del domingo 22 ayuden a iniciar esta tarea siempre pendiente.