Roberto Rosario, actual presidente de la Junta Central Electoral, acaba de presentar su candidatura para integrar nuevamente ese alto tribunal. También lo han hecho los otros integrantes de ese organismo, con la honrosa excepción de Eddy Olivares. La presentación de esas candidaturas, sobre todo la de su cuestionado presidente, constituye una provocación, una expresión de prepotencia (abuso de poder) de parte del variopinto sector que apoya semejante barbaridad, que debe rechazarse de plano, por todos los medios y en todos los escenarios por el arcoíris de fuerzas políticas y sociales de la oposición.
La intención de ratificar a los integrantes de esa Junta se inscribe en la lógica del pragmatismo peledeísta, brutalmente desarrollada durante su dilatado tiempo en el ejercicio del poder. Recordemos que, durante el discurrir del pasado torneo electoral, el Secretario General del partido de gobierno y hoy presidente del Senado, expresó que pasadas las elecciones los miembros de la JCE serían ratificados en sus cargos. No se ha dicho claramente si esa insólita y primitiva promesa era sólo una expresión de tremendismo verbal de esa figura, o era la posición de su partido. A ese propósito, no andan descaminados quienes piensan que esa era una posición partidaria, de la cual no está ni estaba ajeno el presidente Medina.
Puede calificarse de anecdótica la referida ocurrencia del presidente del Senado, pero lo que no puede minimizarse es el hecho de que luego de un proceso electoral que ha sido altamente cuestionado por sectores claves de la sociedad dominicana y de la comunidad internacional, durante el debate para la integración de una nueva JCE, el presidente de la República y su partido se mantengan en silencio. La oposición política y social ha sido clara: no niega la facultad de los poderes legales para escoger los integrantes de los altos tribunales, pero se niega a que estos sean meros representantes de los partidos políticos.
Con esa actitud, la oposición plantea un debate político clave para el futuro del proyecto democrático en que debe discurrir la vida del país; pero como de costumbre durante un debate de interés nacional, Medina y el PLD se mantienen en silencio. Como Fernández en su momento y siguiendo los preceptos de Maquiavelo, Medina esconde sus reales intenciones, por lo menos durante largo tiempo, sin tener el valor de hacerlas públicas. Pero está claro que en la lógica peledeísta, una JCE debe integrarse de acuerdo a la “legalidad” que reclama el presidente del Senado: aquella que sirva a su idea de poder continuista y que asuma las concepciones político/ideológicas del PLD y de la derecha política y social dominicanas y a las que ha servido la facción mayoritaria de la actual JCE.
La continuidad de la esencia de esa junta es el supremo objetivo de ese partido, como también la continuidad de la esencia de los demás altos tribunales del país. En ese tenor, ratificar a Rosario y demás miembros salientes en una nueva JCE, constituye una provocación, un abuso de poder de un proyecto continuista que la oposición no lo detendrá sólo con su mero abandono de la mesa de negociaciones, sino con acciones de fuerza.
