En éstos días los jueces dominicanos están de moda. Los medios de comunicación llenan a diario sus páginas con notas centradas en los magistrados de las Altas Cortes. Los organismos estatales responsables de nombrar los jueces se subieron a la ola, a propósito del inicio de la nueva administración del Presidente Medina.

La tarea del momento es políticamente muy sensible y delicada: seleccionar los nuevos integrantes de las Altas Cortes o, lo que procura un sector político hasta ahora blindado, reelegir los actuales. De ahí el afán de poner cabezas donde las ponen los inteligentes: donde el capitán las vea.

En verdad, los letrados aprovechan la coyuntura para exigir reivindicaciones y privilegios que creen merecer dado la majestad de su alta investidura. Y el Tribunal Constitucional los apoya, entre otras cosas, reclamando que se le construya un local conforme a esa solemnidad.

Por otro lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Roberto Rosario Márquez, se resiste a entregar a la ONE los datos producidos por la junta.  “Si la Oficina Nacional de Estadística no tiene los datos producidos por el organismo electoral, es porque no ha comprado el derecho.”, dice Rosario Márquez.

La institución estadística ripostó que «La ley la faculta para requerir los registros administrativos producidos por los organismos del Estado y las instituciones autónomas, necesarios para la producción de las estadísticas de interés nacional para cumplir con su mandato legal, de producir y difundir datos estadísticos de calidad para el desarrollo del país», según divulgó el Periódico Hoy, el 10 agosto 2016.

Sin embargo, el requerimiento de la ONE tiene sin cuidado al Dr. Rosario Márquez. A fin de cuentas, el Dr. Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, haciendo honor a su apellido, levantó un muro para que a la JCE no entre sangre nueva, asegurándole así su cargo. El que le sirve bien al Estado, argumenta Pared Pérez, merece ser compensado.

La Suprema Corte de Justicia no se quedó atrás y convocó a un encuentro con los directores de los principales medios del país. El punto de agenda de la reunión era informar sobre los preparativos de la Cumbre Judicial Nacional. Pero la preocupación por la situación económica del Poder Judicial se convirtió en el centro de interés de la conferencia de prensa.

De acuerdo al Dr. Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, las limitaciones económicas constituyen la mayor preocupación del Poder Judicial. Para él, el caso de servidores judiciales envueltos en actos reñidos con la Ley es insignificante. Lo grave, apunta, son las carencias económicas de la SCJ.

El magistrado Germán exige, en esa tesitura, que se le transfiera a la SCJ el 2.66% de los ingresos del Estado, tal y como establece la Ley 194-04, de julio del 2004. En el período fiscal en marcha solicita la transferencia de RD$10,983.3 millones, porque sólo fue aprobada una partida de RD$5,606.6 millones.

El Dr. Mariano Germán asegura, sin inmutarse, que los servidores judiciales cumplen con su deber, y los que comenten actos que riñen con la Ley son sancionados.

Ante la “verdad” expresada por el presidente de la SCJ, cabe formular, por lo menos, una pregunta: ¿Cuáles son los servidores judiciales sancionados por archivar el expediente del caso del senador Félix Batista?

Cierto es que las Altas Cortes merecen un mejor tratamiento económico por parte del gobierno. Es justo que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley concerniente a la transferencia de fondos al Poder Judicial.

Ahora bien, no menos justo es que el gobierno atienda la exigencia de los médicos por un salario decente y digno. ¿Y qué decir del salario mínimo de los trabajadores del sector privado y los servidores del Estado, incluyendo los guardias y policías?

Resulta inhumano pedir tanto para los pocos que tienen mucho. Los servidores pobres, que son más, y que con amor y entrega sirven a su país, merecen mejor suerte.