El impacto producido por la acción de la Cámara de Diputados/as, cuando conoció y aprobó en dos lecturas la reforma al Código Penal, sacando el artículo que despenalizaba el aborto por causales, sigue siendo tema de comentarios y análisis en todos los medios de comunicación.
No solo los grupos feministas y de mujeres han levantado la voz. A las personas comentaristas y analistas, se han unido médicos/as, abogados/as, del sector público y privado, incluso funcionarios/as y hasta ministros/as, apoyando la necesidad de incorporar las observaciones del Presidente Medina en 2014. Es que, los derechos sexuales y derechos reproductivos, no son asunto baladí y su transcendencia en nuestra sociedad, hace evidente que los tiempos cambian y la ciudadanía, razona.
La amenaza de convertirnos en un calco de El Salvador, junto con nosotros, uno de los 6 países en América Latina y el Caribe que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, donde los poderes políticos más atrasados cambiaron las leyes en 1998 para que fuera así, está presente después de la absurda propuesta del diputado Ito Bisonó, de borrar las eximentes propuestas por el Poder Ejecutivo, y sin ningún ambage, ignorar los derechos elementales de las dominicanas.
En El Salvador, existe la mayor discriminación de la historia legislativa moderna, contra las mujeres, imponiéndose penas desproporcionadas a ellas por emergencias obstétricas y/o delitos relacionados al aborto, llegando a tener condenas de hasta 40 años en prisión. En la actualidad hay en ese país, 25 mujeres en la cárcel acusadas de haber tenido un aborto y algunas, por homicidio agravado, aunque las hay que abortaron espontáneamente, condenadas por el sistema legal y el de salud, ambos distorsionados por el miedo y la intransigencia intolerante.
Sin embargo, las cifras de abortos ilegales e inseguros, se mantiene en aumento. Además, el 30% de los partos en el país centroamericano, durante el 2015, fueron de niñas de 10 y 14 años y 25 mil niñas estuvieron embarazadas sin tener el desarrollo físico, psíquico ni emocional para afrontarlo.
En nuestro país, 106 muertes por cada 100 mil niños nacidos vivos, pone la mortalidad materna por encima del promedio de los países de la región, que es de 80 fallecimientos. Además, un 20% de estas muertes, son por abortos inseguros, un dato que debiera ser suficiente para activar todas las alarmas estatales.
Cuando el derecho de las mujeres a decidir autónomamente con respecto al aborto, se restringe, queda amenazada una gama amplia de derechos humanos que no deben ser sometidos a referéndum porque el Estado tiene obligación de satisfacer estos derechos y garantizarlos.
