La eliminación de la despenalización del aborto cuando el embarazo es resultado de una violación sexual o incesto, o por mal formación genética incompatible con la vida, pone de manifiesto la olímpica capacidad de los partidos políticos y del gobierno de ponerse de acuerdo para violarla Constitución de la República.
Ocupar una de las mayores tasas de mortalidad materna en la región latinoamericana, de 106 por cada cien mil nacimientos vivos, cuando el promedio de la región es de 77 (ODM,MEPYD-2013); que el aborto sea precisamente la tercera causa que genera esas muertes (SINAVE 2014); y que en el país se registren al año más de cinco mil denuncias de delitos sexuales, principalmente contra niñas y adolescentes (PGR-2012), no fue motivo para diputados/as entender que estas situaciones tienen su principal origen en la desigualdad de género, un factor de discriminación que conduce a toda una secuela de violaciones de derechos protegidos en la Constitución y convenciones internacionales.
Si las personas que componen la actual Cámara de Diputados/as fueron las mismas que aprobaron el Código Penal en diciembre del 2014 ¿Porqué no votaron en igual sentido? En ese momento hubo un fuerte apoyo gubernamental con declaraciones públicas de dos ministras que se encuentran aún en las mismas posiciones ¿Porqué no expresan la misma coherencia? ¿Qué entramado partidista y gubernamental se pacta con sacrificio de vida y tortura a las mujeres? ¿Un pacto fiscal, una ley de partido, la repartición de cargos para continuar desangrando a los más pobres, o una pugna intrapartido?
A través de pactos implícitos y explícitos se ha ido construyendo el control social y legal sobre las mujeres. El llamado contrato social enmascara un pacto sexual de doble moral, en el que los hombres declaran como bueno y válido asumirse la responsabilidad de velar por la “buena reputación sexual” de las mujeres de su entorno familiar, y a la vez acosan o violan sexualmente a otras en el ambiente laboral, a la empleada doméstica, o sostienen orgullosamente relaciones fuera del matrimonio. Haciendo así una distinción entre las buenas y malas, serias y putas.
En las cárceles dominicanas no hay una mujer cumpliendo prisión porhaberse practicado un aborto. A través de una disposición legal no aplicada se mantiene en amenaza a las mujeres que hagan uso de un procedimiento de salud para ejercer y disfrutar de derechos: la vida, la salud, la dignidad, la integridad, vivir libre de todas formas de violencias, entre otros. Otra instrumento del patriarcado para dividir a las mujeres de acuerdo a sus categorías.
El senado tiene oportunidad de enmendar la vergonzosa e hipócrita decisión. Mientras, las mujeres seguirán reconstruyendo sus redes, creatividad y estrategias de sobreviviencia a los pactos y acuerdos de la institucionalizada violencia estatal, como lo han hecho a través de la historia, con el desafortunado desbalance para las más jóvenes y pobres.
