Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, presentó el “Primer Informe del Monitoreo Ciudadano a la Administración Pública”, en el marco del Proyecto “Ciudadanía Activa para una Gestión Local Transparente e Inclusiva”, ejecutado con otras 9 organizaciones de la sociedad civil y coordinada por Oxfam-RD. El Proyecto se enmarca en el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales (PASCAL), financiado por la Unión Europea y tiene como visión generar una cultura de transparencia y corresponsabilidad en la gestión municipal en la República Dominicana.

El Monitoreo Ciudadano a la Administración Pública es un protocolo de 11 indicadores para medir la transparencia y el nivel de desempeño de los gobiernos locales en tres ejes: Profesionalización de la gestión municipal, Participación ciudadana en el ciclo presupuestario e Inclusividad de los servicios públicos.

En este primer Informe se presentan los hallazgos de la auditoría ciudadana realizada por los munícipes de 22 de los 40 municipios en los que se ejecuta el Proyecto en relación al eje “Profesionalización de la Administración Local”. Los comités de veeduría valoraron el acceso a las instituciones locales, el control horizontal entre poderes, la gestión de la nómina y las garantías de transparencia e integridad, para lo cual solicitaron a las Oficinas de Acceso a la Información Municipal (OAIM) las siguientes evidencias:

• Prueba de publicidad de las ofertas de contratación (mural del Ayuntamiento, en la prensa local…).
• Constancia de la celebración de las asambleas comunitarias para la elección de alcaldes pedáneos.
• Actas de las Sesiones del Concejo Municipal.
• Constancia de la presentación del Informe mensual al Concejo para su conocimiento y aprobación.
• Nóminas, Declaraciones juradas de bienes y Listado de proveedores del gobierno local.

Con respecto a la publicidad y transparencia en el acceso a las instituciones locales, ninguno de los municipios observados aportó prueba alguna de la difusión de las ofertas de contratación en medios de libre acceso al público ni evidencia de la celebración de consultas a la comunidad para la designación de sus alcaldes pedáneos. Estas deficiencias en la difusión y en la participación comunitaria comprometen el principio de mérito y competencia y menoscaban la igualdad de oportunidades.

Los comités de veeduría constataron también la falta de regularidad en la convocatoria de las sesiones del Concejo Municipal, órgano colegiado con funciones normativas y fiscalizadoras donde se da a conocer la gestión de los asuntos del municipio. El Informe revela que el 63% de los municipios observados se reunió una o ninguna vez en el trimestre enero-marzo 2015, mientras que solo el 27% del total aportó prueba de las sesiones del Concejo celebradas con una regularidad mensual y/o superior. El Concejo Municipal ejerce funciones de fiscalización, entre las que destaca la de conocer y aprobar los informes periódicos que han de presentar los Alcaldes y Alcaldesas, aunque este ejercicio rutinario de rendición de cuentas no pudo ser constatado en ninguna de las actas aportadas por los Ayuntamientos a los comités de veeduría.

En cuanto a la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, las nóminas municipales revelaron una clara estabilidad en el número de empleados durante el primer trimestre del 2015, con casos muy puntuales de alzas en la contratación. Por el contrario, el Informe muestra escenarios muy diversos en el camino hacia la igualdad y equidad en la administración local, con Ayuntamientos en los que es escasa la presencia de mujeres (11%) y otros donde el porcentaje de mujeres empleadas supera el 40%. El análisis desagregado de las nóminas reveló una gran brecha de desigualdad salarial y funcional por razón de género. La presencia mayoritaria de mujeres en los departamentos de ornato, limpieza o como beneficiarias de la asistencia social, apunta a la reproducción en las instituciones locales de los roles tradicionales asignados a la mujer. El análisis de las retribuciones muestra también una fotografía de gran precariedad salarial en el escenario local, ya que el promedio de empleados municipales de los Ayuntamientos observados que gana apenas 5.000 pesos o menos supera el 70%.

Además de estas circunstancias, se destacan en el Informe otros desafíos en la institucionalidad y legalidad de las nóminas municipales, algunas de ellas sin la debida identificación de cédula o cargo desempeñado, y la mayoría otorgan la condición de empleado a beneficiarios de ayudas selectivas de asistencia.

Por último, para comprobar si se garantizan los principios de integridad e imparcialidad que deben acompañar la actuación de los servidores públicos, los comités de veeduría valoraron el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de patrimonio en el registro del Ayuntamiento y solicitaron el listado de proveedores. Solo en el 22% de los municipios la mayoría de las autoridades había presentado la declaración jurada de bienes; mientras que la solicitud del listado de proveedores fue atendida en el 36% de los municipios, en el 27% no fue entregada a la ciudadanía y en el 36% restante este documento público adolecía de serias deficiencias en la identificación (falta de RNC o cédula del distribuidor) o en la apariencia de legalidad y formalidad (falta de sello y timbre el Ayuntamiento, escritos a mano…).

A partir de los resultados de este diagnóstico ciudadano, el Informe presenta los diez retos de la Administración Local para una mayor pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia:

1. Fortalecer las Oficinas de Acceso a la Información Municipal.
2. Publicitar las ofertas de contratación municipal.
3. Recuperar la vocación participativa de la designación de los alcaldes pedáneos.
4. Asegurar la regularidad de las sesiones del Concejo Municipal.
5. Institucionalizar la rendición de cuentas periódica.
6. Implementar una política de equidad de género.
7. Apego al manual de cargos y a la legislación en materia salarial.
8. Fortalecer el compromiso de las autoridades, representantes y funcionarios/as del gobierno local con la transparencia y la ética.
9. Fortalecer la apariencia de legalidad e institucionalidad de la nómina municipal.
10. Fortalecer la apariencia de legalidad e institucionalidad del listado de proveedores.