Los diputados Hugo Tolentino Dipp, Manuel Jiménez, Minou Tavárez Mirabal, Alberto Atallah y Guadalupe Valdez sometieron ante la Cámara de Diputados una propuesta de resolución solicitando que sea interpelado ante este órgano el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, con el fin de responder las interrogantes sobre la compra por 31 millones de dólares de los equipos usados en las pasadas elecciones del año en curso en función de papel de fiscalización que les corresponde amparado en el artículo 95 de la Constitución sobre las interpelaciones a todo funcionario u organismo que de forma autónoma o descentralizada maneje fondos públicos.

Los legisladores consideran que el pasado domingo 15 de mayo se realizaron las elecciones más caóticas en el país en los últimos 20 años, siendo notorio el clima de desconfianza generado desde la propia Junta Central Electoral, y afirman que no se comunicaron de manera efectiva al personal que trabajaría en los colegios electorales las resoluciones que establecían la obligatoriedad del conteo manual.

Entre otras irregularidades que resaltan están: la “renuncia” de tres mil auxiliares técnicos a pocas horas de las elecciones, el retraso al inicio de la votaciones por falta de equipos y técnicos en un número significativo de colegios electorales, la publicación del escrutinio electrónico sin la confirmación del escrutinio manual como establece la ley, la compra de cédulas, la comprobación en diversas mesas de diferencia entre número de votos emitidos y electores concurrentes.

En un proyecto de resolución entregado a la presidencia de la Cámara de Diputados, los legisladores sustentan que el mismo Roberto Rosario el pasado 2 de junio reconoció que casi un 25% – que corresponde a 3 mil 700 unidades- de registro de concurrentes no funcionaron durante la votación. A esto se le suma la denuncia que hace Participación Ciudadana de que en más de un 60% de los Colegios Electorales se presentaron dificultades de diverso tipo al usar los equipos electrónicos, algo que los diputados exigen debe ser explicado ante la inversión que supuso para el Estado dominicano los 31 millones de dólares gastados para el equipamiento de las elecciones generales.

Para los legisladores el Poder Legislativo, como ente del Estado en donde se encuentran representados los dominicanos y dominicanas, no puede permanecer al margen de todas las irregularidades denunciadas, comprobadas y constatadas en las elecciones generales del pasado 15 de mayo del año en curso.