Los desalojos forzosos constituyen una violación a los derechos humanos y el Estado debe de interferir en estos caso

La campaña Casa Ya, articulada por el colectivo de organizaciones que integran la Mesa de Vivienda de Foro Ciudadano, se manifestaron este lunes frente al Palacio Nacional en demanda de una política de vivienda. El colectivo mostró indignación y exige al Estado soluciones ante los actos de desalojos que se vienen ejecutando de manera violenta por la Central Romana en algunos asentamientos del Seibo.

“Los recientes actos perpetrados por la Guarda Campestres del Central Romana en el Seíbo contra decenas de familias, para desalojarlas de forma masiva e inhumana; constituyen una violación flagrante de algunos tratados sobre derechos humanos”, expresó Loeny Santana, vocera de la campaña.

La protección de los grupos vulnerables contra los desalojos forzosos es una responsabilidad estatal que queda pautada en varios instrumentos jurídicos internacionales. Tal es el caso de la resolución de la comisión de las naciones unidas sobre derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párr. 1, art. 11), la Convención sobre los Derechos del Niño (párr. 3, art. 27), las disposiciones sobre la no discriminación que figuran en el párrafo 2 h) del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el artículo 5 e) de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial.

La inercia demostrada hasta el momento por las autoridades ante estos actos violentos, desvela la fragilidad y la dejadez institucional en el debido respeto de los pactos internacionales de derechos humanos. Además, desnuda la complicidad estatal en contribuir con sectores económicos privados del país en detrimento a los segmentos poblaciones más vulnerables, asegura el colectivo.

El grupo en varias ocasiones ha denunciado la carencia de una política habitacional en República Dominicana, sin embargo, la situación de lo-as desalojado-as en El Seibo acrecienta momentáneamente la cantidad de personas en el país que viven en situación de allegamiento tanto interno como externo lo cual incrementa el déficit habitacional en el país actualmente se acerca a los dos millones de viviendas.

Ante la relación de fuerza que se da en los procesos de desplazamiento de grupos poblacionales en las esferas rurales para instalar grandes plantaciones dedicadas al monocultivo de especies industriales y la agresividad de los intereses económicos de privados, se evidencia las brechas abiertas del modelo económico en su forma de deteriorar la vida del campesinado obligándolo a migrar hacia las grandes urbes para sustentar su vida.

“Las discusiones temáticas que son preparatorias a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el hábitat (Hábitat III) puntualizan claramente como los desalojos forzosos atentan al derecho de cada persona de vivir en lugar seguro. Por ende, de cara a este evento se debe tener en cuenta que hechos como lo ocurrido en el seíbo coloca al país en la necesidad de resaltar con cuales mecanismos o esfuerzos se pretende garantizar el respeto del derecho de todas las personas ante la práctica de los desalojos forzosos”, añade Román Batista, vocero de la campaña.

La inversión estatal en materia de vivienda en las últimas décadas ha sido ineficiente, fragmentada e ínfima para satisfacer un derecho fundamental tan básico para la población del país. Desde esta óptica la coyuntura de los desalojos en El Seíbo confirma una vez más la necesidad de una política habitacional integral que pueda solucionar la problemática, evitando que haya personas sin techo sobre el territorio nacional y adecuando todos los criterios complementarios a la vivienda para quienes lo habitan sin dejar de enfocarse en las personas de bajos recursos.

FUENTE: CIUDAD INCLUSIVA